El Gobierno renegoció con China las condiciones para la construcción de las represas Cepernic y Kirchner en la provincia de Santa Cruz con una reducción del costo de 3.000 millones de dólares en función de las nuevas características que tendrá la obra: menos turbinas para bajar la cota y evitar daños medioambientales, una extensión del plazo de 66 a 80 meses y la propiedad definitiva en manos del Estado Nacional.
El paso inmediato es la indispensable aprobación que se espera en la legislatura santacruceña para recomenzar los trabajos, que en principio será durante septiembre, una vez que comience a mermar el crudo invierno del sur argentino, confiaron fuentes oficiales.
El Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras, que se ejecutarán bajo la órbita de la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Alejandro Sruoga, y con la supervisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, el factótum para delinear las modificaciones que se introdujeron en el Convenio Marco.
El nuevo convenio se firmará con la UTE integrada por la compañía Electroingeniería y la estatal china Gezhouba tras el visto bueno que en el término de 60 días deberá dar la legislatura santacruceña.
El acuerdo con China prevé, entre otros temas, reducir el número de turbinas de 11 a 8 y también una baja en el costo de la obra de un estimado inicial de u$s 7.000 a 4.000 millones.
La obra tendrá un plazo de ejecución de casi siete años, generará 5.000 puestos directos de trabajo y se estima que 40% del costo estará destinado al pago de mano de obra.
Hasta el momento se habían realizado trabajos básicos de campo, con un desembarco inicial de maquinaria que permitió un comienzo parcial, que se retomará en septiembre con las nuevas condiciones del acuerdo de marzo.
Aranguren adecuó la obra a los términos de la ley 15.336 por cuanto la misma tiene como destino proveer energía eléctrica a más de una jurisdicción a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que el establecimiento es de utilidad nacional y ha sido contratado como una obra pública nacional y será financiada con fondos del Estado Nacional.
Los derechos de venta de energía corresponden al Estado Nacional y forman parte del objeto de la concesión a otorgarse, percibiendo en su caso la provincia de Santa Cruz 12% de regalías por tal generación.
Bajo estas condiciones se adecuó el nuevo convenio, que sustancialmente contempla el repago de los trabajos a través de la propia energía generada.