El Gobierno nacional no sólo ratificó este miércoles que en la Argentina no hay "presos políticos" como lo denuncian sectores del kirchnerismo duro, sino que además salió a rechazar los reclamos para que el presidente Alberto Fernández se pronuncie respecto a la situación de los exfuncionarios y dirigentes sociales detenidos: "No es el Poder Ejecutivo el que tenga que intervenir".
"Los tres poderes son independientes, si nosotros respetamos la institucionalidad respetamos la independencia del Poder Judicial. Si hubo errores, en los casos en lo que hubo errores será el mismo Poder Judicial el que deberá corregir los errores. Para eso están las instancias y para eso están los procesos así que no es el Poder Ejecutivo el que tenga que intervenir para cambiar una decisión, si hubiera que cambiar", remarcó la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
La funcionaria desestimó así los pedidos que impulsan múltiples sectores y referentes del kirchnerismo para que el presidente Fernández se involucre en la campaña para exigir la liberación del exvicepresidente Amado Boudou y la referente de Túpac Amaru Milagro Sala, entre otros.
Losardo también criticó el proyecto de ley que elaboraron senadoras del oficialismo contra las prisiones preventivas, y que contemplaría la anulación de las mismas si se determina que las coberturas periodísticas afectaron la “percepción” sobre la inocencia de los acusados.
"Las nulidades pueden llegar a plantearse dentro del proceso judicial y ahí se resuelven, dentro del debido proceso. No podemos afectar el ejercicio de libertad de expresión y el acceso a la información, estas son dos cuestiones que tienen que estar muy claras y que no pueden ser afectadas bajo ningún proyecto. Ahora, me parece que podemos plantear nulidades y pueden ser planteadas y resueltas dentro del Poder Judicial", alertó la ministra.
Seguido, titular de la cartera de Justicia dejó en claro que "acá nadie busca impunidad" y, por el contrario, remarcó que el Gobierno de Alberto Fernández pretende que "se resuelvan las cosas como corresponde y que se ajusten a derecho, que no se viole el debido proceso y resolverlas dentro del marco judicial".
“Siempre voy a insistir en que a mí me parece que nosotros tenemos que respetar los canales institucionales”, completó.
El argumento oficial para modificar las “jubilaciones de privilegio”
La ministra Losardo defendió la iniciativa que envió la Casa Rosada al Poder Legislativo para modificar el sistema de asignaciones vitalicias, que establece los haberes previsionales del Poder Judicial, y negó que los cambios atenten contra la libertad de los jueces.
"Es muy difícil sostener un sistema así porque, cuando no alcanza el dinero, tenemos que ir al régimen común para paliar este déficit", planteó y luego apeló: "Tenemos una oportunidad para fortalecer el sistema, pensemos que estamos en una crisis económica, en una crisis en donde todos tenemos que poner algo".
Sobre esta cuestión, Losardo desacreditó a quienes denuncian que un cambio en el régimen de jubilaciones de privilegio podría afectar la independencia de los jueces. "A primera luz digo: ¿Por qué la independencia? ¿Qué tiene que ver la independencia con esto? ¿Un juez es más o menos independiente depende de la jubilación que tenga? No creo que tenga que ver con la independencia, sino tenemos que revisar qué es la independencia judicial", se quejó.
Avanza el diseño de la reforma judicial
La funcionaria nacional detalló además cuáles son los lineamientos principales de la propuesta oficial de reforma judicial que elabora el Gobierno nacional, en la que resaltó el objetivo es tener una "Justicia más rápida, más eficiente, más cercana a la gente y, como siempre, bien independiente".
"Estamos trabajando en la reforma judicial y ya se irá avanzando en ese tema. Ahora, la reforma judicial es una manera, es una pata de todo el sistema judicial. El sistema judicial tiene actores, tiene partes intervinientes, y la verdad que una reforma judicial es necesaria para agilizar los procesos, para trabajar mejor, pero también es muy importante la designación de los jueces y la cercanía de los jueces a la sociedad", diferenció.
Por ello, explicó que se evalúan un "conjunto de cosas", entre las que mencionó la "unificación de fueros", y cambios para darle celeridad a los procesos del "sistema acusatorio".