Tras una semana de fuerte intercambio de reproches y acusaciones entre el Gobierno nacional y la dirigencia sindical, desde la Casa Rosada doblaron la apuesta: ayer se anunció vía Boletín Oficial que se reforzarán los controles sobre los padrones de las obras sociales, poniendo la lupa en el subsidio conocido como SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), un fondo millonario que compensa diferencias entre las prestadoras del sistema de salud.
La resolución fue firmada por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Sandro Taricco, oficina que maneja unos 7.000 millones de pesos y depende del Ministerio de Salud.
Desde la CGT no hubo ninguna declaración oficial sobre la movida gubernamental. "Esta semana no está prevista ninguna reunión", comentaron a Los Andes desde el entorno de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros cegetistas. "De todos modos -aclaró- el efecto será dispar porque la medida alcanza a los sindicatos que tienen obra social".
Según trascendió de fuentes gubernamentales, esta iniciativa se complementa con otras acciones dirigidas al frente sindical y que pronto verán luz, como imponer la obligatoriedad para que presenten declaraciones patrimoniales los dirigentes sindicales y también, “desempolvar” informes acumulados en la Unidad de Información Financiera.
Respecto al subsidio SUMA (instaurado en la segunda presidencia de Cristina Fernández), las obras sociales deberán informar "con detalle" quiénes son los afiliados beneficiados. Para ello, se extremarán los controles a los afiliados mayores de 70 años, que continúan siendo asistidos por las obras sociales y no por el PAMI, gracias al pago de la diferencia que surge del subsidio SUMA.
El Gobierno quiere que antes de que la AFIP gire el dinero a las obras sociales, las organizaciones sindicales hayan transparentado “la totalidad del padrón de beneficiarios” alcanzados por el SUMA.
Se estima que el fondo del SUMA asciende a unos 1.000 millones de pesos anuales, que se recaudan del Fondo Solidario de Redistribución de la obras sociales. Según informó el porteño diario Clarín, el gobierno tiene como objetivo eliminar el SUMA y "en un corto plazo". Ese "plazo" sería no más allá del 2019. Esta versión no fue confirmada ni desmentida en círculos gubernamentales.
El 20% del suma se divide por igual entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados.
El reparto del SUMA
El 20% del SUMA se divide (en partes iguales) entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados, y el resto se reparte de acuerdo al número de afiliados entre los sindicatos más pequeños. En el gobierno afirman que “no se desfinanciarán las obras sociales” con el recorte del SUMA y se reiteró que se persigue “la optimización de los recursos de las obras sociales”. Al respecto, el oficialismo propuso que “se fusionen” las obras sociales más pequeñas.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Sandro Taricco, está al frente del organismo desde setiembre pasado, donde había ingresado en 2009 como gerente. Taricco remplazó al médico Luis Alberto Scervino, designado en 2015 como señal de acercamiento a los sindicatos: Scervino está fuertemente ligado a José Luis Lingeri, veterano sindicalista del poderoso Obras Sanitarias. Scervino fue desplazado por el presidente Macri después de una movilización encabezada por la CGT.
Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica bonaerense, gremio alineado en la Corriente Federal (sector duro de la CGT), dijo ayer a Los Andes que aún no se había discutido la medida, "aunque mañana (por hoy), tendremos una reunión con otros sindicatos para tratar la reforma laboral, y posiblemente veamos de qué se trata estos controles al SUMA".
Amichetti, más allá de ser un sindicalista muy crítico del Gobierno, admitió que “sería bueno que la Superintendencia centralice, por ejemplo, las compras de medicamentos; es un organismo con mucha más capacidad de negociación que las obras sociales pequeñas, que tienen que comprar los medicamentos directamente a las droguerías en una posición de debilidad”.
Buscarán evitar corrupción y nepotismo
El plan de control a los sindicatos estará a cargo del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Servicios de Salud, que empezarán a pedirles información clave a los gremios, como libros contables, movimientos de cuentas bancarias, padrones de afiliados e inmuebles registrados.
Luego cruzarán datos con las bases de AFIP, del Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad, para detectar posibles irregularidades.
Otra de las medidas en estudio es la prohibición que de que los líderes sindicales sean sucedidos por familiares, como es tradición en los gremios, en los que abundan casos como de Moyano en Camioneros, Balcedo en SOEME, o Santa María en SUTERH.
