El Gobierno nacional apura por estas horas cambios en el régimen migratorio con el propósito de hacer más estrictos los controles de los extranjeros, para lo que cuenta con un principio de acuerdo del peronismo no kirchnerista en el Senado.
La decisión de impulsar estos cambios coincide con el inicio del debate en torno a la posible reforma del régimen penal juvenil que podría llegar a incluir la baja de la edad de imputabilidad.
Aunque desde ámbitos gubernamentales distintos (la primera corresponde a la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior y la segunda a la cartera de Justicia), ambas iniciativas tomaron fuerza a raíz de la polémica abierta desde el asesinato a finales de diciembre pasado del adolescente Brian Aguinaco, de 14 años, presuntamente por otro de 15, Brian Joel, finalmente enviado a Perú donde viven sus abuelos, por decisión de la Justicia argentina.
También por el desalojo por parte de las policías Federal y Metropolitana de los vendedores ambulantes del barrio de Once, conocidos como “manteros”, en su gran mayoría inmigrantes de países de la región, a los que llegó a vinculárselos con el narcotráfico.
No obstante estos hechos que explicarían la premura gubernamental, en un año con elecciones legislativas y en el que las encuestas coinciden en poner al tope de la preocupación ciudadana en el área metropolitana a la seguridad, el Gobierno sostiene que están en la agenda desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
Fuentes gubernamentales sostuvieron ante este diario que no se trata de un endurecimiento extraordinario de los controles sobre el ingreso de los inmigrantes.
“No es que se vaya a prohibir el ingreso”, dijo una de esas fuentes. De lo que se trata, en cambio, es de tener una mayor información para decidir en los casos de solicitud de radicación ante la posibilidad de que puedan tener antecedentes penales en sus países de origen y mejorar el control fronterizo.
Por ahora, los cambios en ese sentido se traducen en la negociación de acuerdos con países de la región para ese intercambio de información, en tanto se evalúa si las modificaciones se implementarán mediante un proyecto de ley (podría entrar para tratarse en extraordinarias si las hubiera en febrero) o a través de un decreto presidencial.
El director de Migraciones, Horacio García, en declaraciones que hizo ayer al diario Clarín, se pronunció a favor de conocer "los antecedentes de las personas que entran al país".
Dijo: “Es imprescindible. Hoy, salvo por las alertas de Interpol, no tenemos formas de enterarnos de los antecedentes de las personas que entran al país. Con algunos países, como Colombia, estamos empezando a trabajar, pero necesitamos trabajar más”.
El debate en torno al tema alcanzó en las últimas horas a legisladores de la oposición, desde donde incluso hubo voces de reclamo de mayor dureza y celeridad en la adopción de esos cambios.
Por caso, el jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, sorprendió en ese sentido: "Yo pensé que este Gobierno tenía una orientación de derecha en materia de seguridad. Lamentablemente todavía no lo ha demostrado. Argentina tiene que cuidar sus fronteras, observar qué inmigrantes entran".
Desde otro sector de la oposición, como el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de su aliada Margarita Stolbizer, en cambio, surgieron reparos, si bien se coincide en la necesidad de adoptar mayores prevenciones migratorias.
“Ojo con poner barreras migratorias”, dijo la diputada Stolbizer, en tanto su par massista Graciela Camaño sostuvo que la inseguridad “es un tema urgente”, pero el problema es que el Gobierno “sobreactúa creando leyes”.
