El Gobierno tiene en la mira a la jueza que liberó a dos delincuentes extranjeros y ordenó a su representante en el Consejo de la Magistratura pedir su juicio político.
La magistrada salió a defenderse después de ser criticada por el propio presidente Mauricio Macri y dijo que parte de la información que se difundió en los medios sobre su accionar "es falaz".
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que se presentará un pedido de destitución contra Patricia Guichandut, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, ante el Consejo de la Magistratura por su intervención en los dos casos.
“Es indignante el caso de la jueza que, nuevamente, liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país”, afirmó Macri en Twitter. Luego apuntó a todo el Poder Judicial: “Con una Justicia así no hay policía que alcance”, expresó.
El mensaje fue avalado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien lo republicó en su cuenta personal. La idea gubernamental de pedir el juicio político, la denuncia que inicia el proceso será presentada por el consejero Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Sin información
Respecto de la situación del motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora (25), a quien le fijó una multa de 700 pesos luego de robarle un celular a una chica de 18 años, la semana pasada en el barrio porteño de Caballito, la jueza Guichandut sostuvo que nunca fue informada de que tenía antecedentes en su país de origen, ni tampoco que tenía un impedimento para ingresar a la Argentina.
“En las actuaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y el suministrado por la Policía Federal Argentina, de los cuales no surgen la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora”, dijo la jueza Guichandut en un comunicado difundido a la prensa.
Jurado Mora tenía antecedentes en la Argentina y había sido condenado en tres ocasiones, dos de ellas por robo. Además, tenía un pedido vigente de expulsión del país sobre el que todavía la Justicia no se expidió. La Dirección Nacional de Migraciones decidió expulsar de oficio a Jurado Mora.
El otro caso
“Resulta llamativo que también se atribuya a este Tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna”, manifestó la jueza Guichandut.
La jueza hacía referencia a la liberación de Antonio José Franco, un uruguayo con tres causas penales en nuestro país y que tenía prohibido ingresar a la Argentina bajo amenaza de expulsión.
Franco, de 36 años, fue interceptado en el barrio porteño de Boedo luego de intentar ocultarse de un control de la Policía de la Ciudad mientras manejaba una moto en compañía de otro hombre.
Fueron detenidos y tras cargar sus datos en el sistema descubrieron que ambos tenían antecedentes.
Su acompañante, el argentino Rodrigo Ezequiel Romero, tenía un pedido de captura por tentativa de robo y una causa por atentado a la autoridad, y quedó detenido.
Pero Franco quedó libre en menos de 24 horas pese a que ni siquiera podía ingresar a la Argentina.
A Franco lo buscaban del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4 para expulsarlo del país por varios antecedentes penales.
El blanco de las críticas
La jueza aclaró que no tuvo intervención en el caso del uruguayo, horas después de que fuera criticada por Macri y también por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por su vicejefe y ministro de Seguridad, Diego Santilli.
El mandatario porteño dijo estar "indignado" por los fallos y Santilli advirtió que "hablarán con la Cámara" de Casación "para ver qué decisión se va a tomar, porque así no se puede seguir".
La jueza, en cambio, afirmó: “Los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías”.
