El Gobierno nacional buscará que la administración que lo suceda, afronte en 2020 el pago de los 15 mil millones de pesos a San Luis que ordenó ayer la Corte Suprema de Justicia en una sentencia sobre la retención indebida de fondos de la coparticipación.
También seguramente adoptará la misma posición cuando en los próximos días la Corte se pronuncie, sobre el mismo tema, a favor de Santa Fe en el que el pago será de unos 45 mil millones de pesos. El propósito del gobierno de Mauricio Macri es demorar para el año próximo ambos pagos imprevistos que totalizarán 60 mil millones de pesos, alrededor de 1.507 millones de dólares porque de hacerlo en 2019 comprometería la meta de equilibrio fiscal tomada en el acuerdo con el FMI.
El inminente pronunciamiento a favor de Santa Fe por parte de la Corte fue confirmado ayer a este diario por una fuente del máximo tribunal, que dijo que la sentencia podría firmarse en el próximo acuerdo semanal, el martes que viene, por parte de los mismos tres que ayer lo hicieron respecto de San Luis.
"Sólo resta que Santa Fe presente una documentación que tiene pendiente", aseguró la fuente de una de las vocalías del cuarto piso del Palacio de los Tribunales porteño donde tienen sus despachos los cinco integrantes de la Corte. Los tres que ayer firmaron a favor fueron el cordobés Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el, hasta octubre pasado, presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, a los que el Gobierno califica de "la mayoría peronista" por sus fallos adversos a los intereses de la administración Cambiemos.
No se pronunciaron, en cambio, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton de Nolasco: el primero se autoexcluyó por haber sido defensor y representante legal de Santa Fe en la causa similar; la segunda porque no lo había hecho ya en noviembre de 2015 cuando la Corte, con otra integración, le dio la razón a las Provincias en la disputa por la retención de los fondos coparticipables que iban a parar a la Anses.
Fuentes del Ministerio de Hacienda de la Nación explicaron a Los Andes que "la voluntad" de la gestión Cambiemos "es pagar, pero más adelante". El macrismo evalúa que el pago se gatille a partir de 2020, cuando esté en funciones el próximo Gobierno.
Como carta de negociación la gestión Macri ofrecerá una cláusula de ajuste, que empezaría a regir a partir de la sentencia de la Corte. Sería la manera, confían en Hacienda, de que San Luis acepte no cobrar este año, porque eso comprometería la meta de equilibrio fiscal.
Pedido de Rodríguez Saá
El comentario de Hacienda fue hecho luego de que este diario intentó tener una interpretación del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, pero el mandatario pidió "paciencia" hasta tener el fallo en sus manos y analizarlo con el equipo de legal y técnica de la provincia.
No obstante, funcionarios de la gestión puntana explicaron a este diario que la sentencia fija 120 días para que se alcance un acuerdo. En ese proceso, las partes podrían tramitar el pago como si fuera una "deuda común", siempre y cuando el Poder Ejecutivo Nacional proponga un plazo "razonable".
En rigor, el pronunciamiento de la Corte determinó las pautas para fijar el monto de fondos coparticipables que el Estado nacional tendrá que devolverle a San Luis: 15 mil millones de pesos por la retención de fondos coparticipables de 15% para la Anses (11.500 millones) y de 1,9% para la AFIP (3.500 millones).
Una decisión de la “mayoría peronista”
El trío que integran Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se ganó el mote de "la mayoría peronista" lanzado desde el oficialismo por sus frecuentes fallos adversos a los intereses del Gobierno de Cambiemos, aunque no siempre hayan sido en ese sentido.
Algunos de los principales fallos contrarios a la Casa Rosada desde que Lorenzetti dejó la presidencia fueron:
-Sentencia favorable a La Pampa en una demanda por fondos coparticipables que la Nación le retuvo desde 2001.
-El 11 de diciembre los tres rechazaron un planteo del senador radical de Cambiemos Eduardo Costa contra la supuesta inconstitucionalidad de la ley Ley de Lemas en Santa Cruz.
-Rosatti habilitó la feria judicial, algo inhabitual, y el 25 de enero autorizó la consulta popular convocada por el gobernador Sergio Casas para su reeleción.
-El 18 de diciembre, los tres se definieron en el llamado "caso Blanco" que el índice para determinar el valor inicial de la jubilación.
Una disputa por $75.000 millones que preocupa
El fallo a favor de San Luis y una sentencia similar para Santa Fe podría costarle al Estado Nacional unos 75.000 millones de pesos, lo que pondría en jaque la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal este año.
Incluso en el Gobierno venían evaluando poder usar una de las herramientas de flexibilidad acordada con el Fondo Monetario Interncional para estirar el Presupuesto 2019 en una cifra parecida para poder cubrir las necesidades del año, antes del fallo de la Corte.
Un análisis realizado ayer por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que si la Corte Suprema ahora falla a favor de Santa Fe el monto global de la deuda nacional alcanzaría los 75.000 millones de pesos, es decir 0,4% del Producto Bruto Interno de 2019.
Ese monto equivale al 15% del esfuerzo para alcanzar el déficit cero. Si la gestión de Mauricio Macri y las dos provincias no alcanzan un acuerdo, el Ejecutivo nacional deberá profundizar el recorte a áreas sensibles para no comprometer el equilibrio fiscal comprometido ante el Fondo.
