Política
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hace 1 hora
El Gobierno nacional promulgó hoy la ley 27.375, sancionada el 5 de julio pasado por la Cámara de Diputados, que pone límites a las excarcelaciones o salidas transitorias para los condenados por delitos graves.
La medida fue comunicada a través del decreto 573/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La norma, que modifica la ley 24.660 de Ejecución Penal, establece que aquellos que hayan cometido delitos violentos como homicidios agravados, violaciones y robos con arma, deberán cumplir la totalidad de la condena dentro de las cárceles.
Según la nueva redacción del artículo 1 de la ley, "la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto".
En ese sentido, establece una serie de modificaciones en los mecanismos de otorgamiento de los beneficios de la libertad condicional o las salidas transitorias, con el objetivo de evitar la discrecionalidad de los magistrados al momento de su decisión.
En su momento, el proyecto había sido sancionado en Diputados, pero el Senado introdujo varias modificaciones, ya que redujo la cantidad de delitos que pueden ser beneficiados con excarcelaciones, y lo devolvió a la Cámara de origen, que demoró su aprobación final.
En la propuesta sancionada por la Cámara alta se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo como imposibilitados a acceder a la libertad anticipada.
Asimismo, el Senado había atenuado la intervención del Servicio Penitenciario para el otorgamiento de salidas anticipadas, como proponía la reforma, ya que la decisión recaerá en el juez de ejecución penal.
La modificación de la ley cobró impulso tras del asesinato de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, por parte de Sebastián Wagner, un violador reincidente que había obtenido la libertad antes de cumplir toda su condena.
La lista de delitos que incluye la ley son: homicidios calificados, delitos sexuales, privación ilegítima de la libertad, robos seguidos de muerte y robos con armas de fuego, secuestros extorsivos, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y contrabando agravado, contrabando de drogas y contrabando de explosivos.
