Economía
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hace 2 horas
Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, inició un reclamo mediante el cual pretende que se ordene a los demandados, tanto empresas como personas, el pago de un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de Cóndor andino.
Ante la muerte de estos ejemplares de la especie protegida y en peligro de extinción, producida en la localidad de Los Molles, Malargüe, en enero de 2018, Fiscalía de Estado ha concretado un proceso de investigación para determinar los hechos y responsabilidades, la entidad del daño producido y analizar las posibles acciones a seguir para su reparación.
En tal marco se recabaron distintas pruebas que incluyen inspecciones, testimonios, estudios de laboratorio y documentación diversa, entre otras, destacando un informe técnico producido a solicitud por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.
En base a tales elementos se ha concluido que por la cantidad de especímenes involucrados, la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Dicha situación se encuadró en una acción por daño ambiental colectivo, es decir un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente (art. 41 CN).
Sobre tal base, se ha iniciado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente CSJ 001771/19-00 caratulado "Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas S.A. y otros s/ Acción por Daño Ambiental", para exigir la recomposición del daño producido.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599, habiendo sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dentro de su "Lista Roja" de especie en vía de amenazas. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción que identifica el Anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Argentina mediante la Ley 22344.
El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural al momento anterior al menoscabo. A tal fin se solicita que se condene a la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
En la causa, en atención a su experticia, se ha solicitado que se convoque como amigos del tribunal al Comité Argentino de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza representado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a la Fundación Bioandina, a la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, a la Fundación Cullunche y a Oikos Red Ambiental.
