El proyecto de Cornejo ya entró a la Legislatura y sigue generando polémica

El gobernador Alfredo Cornejo anunció ayer el proyecto para que los presos de la provincia estudien o trabajen, e ironizó que actualmente los internos se encuentran en cárceles de "máxima ociosidad".

Esta mañana el ministro de Seguridad, Gianni Venier, presentó la iniciativa en la propia Legislatura, y afirmó que los presos participarán a través de un "sistema de ejecución progresiva de la pena", en la cual se analizará el trabajo o estudio que realizan, que sumados a la conducta en el penal, podrán "acceder a beneficios previos a la terminación de la condena como salidas transitorias y domiciliarias", entre otras.

Además relativizó la sobrepoblación en la que actualmente se encuentran los presos y los pocos talleres que hay en las cárceles, ya que se está estudiando la posibilidad que algunos de los trabajos se realicen afuera.

"Hace unos meses firmamos con una cooperativa para plantación de vegetales en una granja que tenemos en Lavalle, con empresas de zapatillas, madera, arreglos de taller. Estamos con otro proyecto para que hagan chapería especializada con cursos de alto nivel. Todo eso y mucho más es lo que vamos a hacer", afirmó en Radio Mitre Mendoza, y destacó que también podrían realizar labores de mantenimiento en los edificios de la Administración Pública.

En tanto, Eduardo Orellana, director de la Penitenciaría provincial, aseguró que actualmente hay 1.400 internos que estudian, y unos 1.100 que trabajan.

Con respecto al espíritu de la ley, sostuvo que buscarán "oficios o trabajos que tengan salida laboral" para que puedan tener las herramientas para subsistir una vez cumplida su estadía en el penal. Por el momento, los labores que más están realizando son los de herrería y carpintería.

Dudas

No obstante, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, aclaró, en Canal 7, que el proyecto "quizás quede en letra muerta si no hay una fuerte inversión". En este sentido sostuvo que "hay muchos internos que quieren trabajar o estudiar" y que los talleres tienen muy poca capacidad para absorber a los voluntarios.

Por su parte, Fabricio Imparado, el procurador de las personas privadas de libertad, dijo que alrededor del 20 por ciento de los presos trabajan, aunque "son más los que quieren hacerlo". Además sostuvo que la remuneración que reviben "no llegan a lo que impone la ley, que es un salario mínimo vital y móvil".

También explicó que del 100 por ciento del sueldo, se distribuye en un 10% para la víctima del delito, un 20% como parte de su manutención en la cárcel, otra parte para a los familiares del interno, y alrededor de un 30% para el propio preso, que lo cobrará una vez cumplida su condena.

Una ley "innecesaria"

Desde la Asociación de Derechos Humanos Xumek, Lucas Lecour aseveró -también en Radio Mitre- que "ya hay una ley que establece al trabajo de los internos como una obligación", y que "no se adquirirán beneficios si no trabajan".

El abogado opinó que le pareció una medida "innecesaria", pero agregó que "en buena hora el Gobernador se preocupa, ya que es un reclamo de los internos desde hace tiempo".

Sin embargo, en relación a la obligatoriedad que impulsa el Ejecutivo para el trabajo de los presos, destacó que "no se lo puede obligar coactivamente, no se lo puede azotar, torturar para que vaya a trabajar; aunque el artículo 106 de la ley 24.660 dice que es un derecho y un deber y quien no cumpla será sancionado y no podrá acceder a las instancias superiores en la ejecución de la pena".