El Gobierno pidió ayer al juez Thomas Griesa una medida suspensiva de la sentencia que obliga al país a pagar a los fondos buitre U$S 1.330 millones. La estrategia oficial apunta a ganar tiempo para poder negociar con los holdouts, sin entrar en default y evitando reclamos a futuro de otros bonistas que sí entraron al canje.
“Solicitamos a Griesa una medida suspensiva de la sentencia para continuar pagando a los bonistas reestructurados”, dijo Axel Kicillof ayer en el Palacio de Hacienda.
Kicillof no viajará por el momento (aunque no se descarta que Pablo López, secretario de Finanzas, lo haga) y el equipo económico apuesta a que el letrado estadounidense se “apiade” del país y prolongue el “stay” que él mismo decidió la semana pasada levantar.
Sucede que el Gobierno debe enfrentar el próximo lunes el desembolso de U$S 900 millones correspondientes al bono Discount para bonistas que ingresaron al canje. Si Griesa no vuelve a instrumentar el stay o medida suspensiva sobre su propio fallo, Argentina entrará en default ya que corre peligro de embargo de esos fondos.
El giro oficial apunta, con exceso de optimismo, a que el juez suspenda su propio fallo y lo deje sin efecto hasta el 31 de diciembre de 2014.
Luego de esa fecha queda sin vigencia la cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO). Esta norma, que rige para la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York, establece que no se puede pagar a ningún acreedor de deuda argentina un pago superior al ofrecido a aquellos bonistas que sí entraron al canje.
Texto moderado
A diferencia de otros comunicados y del discurso que tanto Cristina de Kirchner como Kicillof brindaron apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema, la nota enviada a Griesa fue escrita con especial cuidado en la selección de palabras. Por ejemplo, en ninguna parte del escrito se habla de “fondos buitre” si no de “holdouts” y comienza con un tono amable, totalmente distinto al que tanto la presidenta como el ministro usaron en reiteradas oportunidades para referirse a Griesa ( hablaron hasta de “extorsión” al referirse al fallo).
“La República Argentina respetuosamente solicita una medida suspensiva (stay)"”, comienza el escrito. La palabra “respetuosamente” se repite en otro pasaje del texto: “Argentina quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las Cortes. Por ello respetuosamente solicita un stay de su Señoría. Un stay proporcionaría un resguardo (un “paraguas legal”) para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso”.
También advierte que ignorar la cláusula RUFO “puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92% de la deuda de la República que estaba en default”.
Sin embargo el documento enviado a Griesa también lanza una llamativa advertencia: que el país carece de los fondos para acatar el fallo.
Kicillof ayer tampoco aceptó preguntas de los periodistas presentes. Esquivó así un tema clave: ¿Qué sucederá si Griesa no acepta aplicar nuevamente el stay que pide?
Por ahora, los abogados negocian en EEUU una solución, mientras varios banqueros fueron citados por Kicillof para diagramar lo que sería una nueva emisión de bonos para saldar la deuda con los holdouts.
