Sociedad
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hace 1 hora
El gobierno nacional, a través de la secretaría de Derechos Humanos, solicitó a la Justicia que "de manera urgente" se evalúe la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado al represor Miguel Etchecolatz, "en caso de comprobarse que incumplió las normas establecidas para gozar de esa modalidad de detención".
Fue el 27 de diciembre cuando la justicia argentina otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 88 años, que está condenado a reclusión perpetua.
La decisión despertó una ola de repudios entre organismos de derechos humanos.
El tribunal oral federal número seis aceptó darle el beneficio de la detención en su casa debido a su edad avanzada y a varios problemas de salud, de acuerdo al dictamen divulgado a la prensa.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la entonces temible policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977 y estuvo a cargo de las 21 cárceles clandestinas que funcionaron en ese distrito, el más grande del país.
En 1986 primero, y luego entre 2004 y 2016, el exjefe policial acumuló cinco condenas, que la justicia de La Plata (sur) unificó en una reclusión perpetua.
Además, Etchecolatz está señalado por la desaparición en 2006 de Julio López, un albañil de 77 años que era un testigo clave en un juicio en su contra, quien salió de su casa hacia tribunales y nunca llegó.
Al pedir el arresto domiciliario, el abogado de Etchecolatz sostuvo que su defendido es "el geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal", y que "con sus 88 años y diversas dolencias encuadra dentro de las previsiones" de la ley para otorgarlo.
En nuestro país, los presos mayores de 70 años tienen derecho a prisión domiciliaria pero no se aplica automáticamente sino a criterio de los jueces en cada caso. Los organismos humanitarios han bregado para que los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad cumplan "cárcel común y efectiva".
El exjefe policial fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Marcos Paz para cumplir la detención en su casa de la ciudad de Mar del Plata.
En 2001, Etchecolatz, al igual que el excapitán Alfredo Astiz, entre otros represores de la dictadura, fueron declarados "personas no gratas" por la comuna de Mar del Plata.
No obstante, el 22 de enero, el condenado represor salió de la vivienda donde cumple arresto domiciliario en el bosque Peralta Ramos en Mar del Plata para ser atendido en una clínica privada, en un hecho que en teoría fue notificado por su esposa con posterioridad al Tribunal Oral Federal 6, y que está encuadrado dentro de las urgencias previstas.
Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la salida se debió a una urgencia médica y Etchecolatz estuvo acompañado por custodios de Prefectura Naval el sábado por la noche, luego de que su esposa y garante del arresto intentó sin éxito comunicarse con los distintos juzgados que lo mantienen detenido, algo que sí hizo hoy para dar las explicaciones del caso, encuadrado en uno de los parámetros de urgencia médica.
Antes de partir hacia la clínica, hubo dos intentos de asistencia domiciliaria sin éxito vinculado al cáncer de próstata que tiene el represor, según precisaron las fuentes.
La esposa dio aviso al sistema de monitoreo de la tobillera electrónica colocada al ex titular de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la última dictadura, de 88 años y con arresto domicliario desde el 27 de diciembre pasado, por decisión de los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, del Tribunal Oral en lo Criminal 6.
Etchecolatz tiene cinco condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
