El gobierno nacional admitió que en una reciente mega compra de alimentos para distribuir en comedores y merenderos se pagaron precios por encima del que tienen los mismos productos en las despensas y los supermercados. Las compras fueron impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ante la necesidad de cubrir la demanda urgente en los comedores sociales, que pasaron de atender a 8 millones de personas a unos 11 millones, como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia.
El ministro Daniel Arroyo argumentó que los productos se pagaron en línea con "los precios testigos de la Sigen (Sindicatura General de la Nación) que no incluyen la logística" como "el traslado a los depósitos de estos productos", pero, admitió la necesidad de que haya "un cambio estructural y profundo en el sistema de compras en el Estado" y mencionó que los proveedores "se plantaron" cuando desde el gobierno se les solicitó "una rebaja en los precios".
Según se publicó ayer en el Boletín Oficial, en base a las ofertas recibidas en la licitación, el gobierno compró a la empresa Sol Ganadera 340 mil envases de aceite comestible mezcla marca "Indigo", de 1,5 litros, a 157,80 pesos, por unos 53.652.000 millones de pesos. Otros 340 mil envases del mismo producto le compró a la empresa Copacabana SA, pero a 158,67 pesos la unidad. Y también resultó adjudicada la empresa Teylem, con otros 340 mil envases, a 166,58 pesos. La compra total de aceite, a las tres empresas, fue por unos 164 millones de pesos.
La dudas surgen cuando se advierte que la lista de precios máximos difundida por el gobierno el 20 de marzo pasado (y por la cual se deben regir todos los comercios minoristas) figura a 98 pesos (marca Ideal) y a 111 pesos (marca Cocinero).
Igual con el paquete de azúcar de un kilo común "tipo A". Se adjudicaron compras a dos proveedores que ofrecieron precios promedio de 75 pesos la unidad, cuando un producto similar, según la lista de precios cuidados para la región metropolitana, figura entre los 52 y 56 pesos.
"Hay dos productos, azúcar y aceite, que estuvieron por encima de los precios fijados por la SIGEN; en todos los casos pedimos rebaja. Se decidió igual la compra porque estamos ante una emergencia", explicó Arroyo, en una entrevista Radio con Vos.
El gobierno informó que fueron convocados "11 proveedores de alimentos y 10 de leche" para adjudicar la compra de aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos, harina y leche.
En distintas entrevistas Arroyo dijo que no se logró “cubrir el volumen (demandado por el Estado) de un millón 700 mil módulos de todos estos productos”. Arroyo dijo que por las compras se pagaron 384 millones de pesos. De haberse pagado los productos de acuerdo a los precios que el mismo Estado fija y que recomienda a los consumidores que exijan en el comercio minorista, la cuenta pudo rondar hasta un 40 por ciento menos.
El alto precio pagado de los alimentos pagados por el Estado fue criticado por Juan Grabois, un dirigente social aliado al gobierno de Alberto Fernández. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a 28 pesos el paquete versus 84 pesos. Es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable", opinó Grabois en su cuenta de Twitter.
"Se pagaron 108 millones de pesos demás. El ministro Arroyo dice que fue porque los fabricantes se le plantaron. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control", criticó la presidenta del PRO y exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.
“Acá no hubo corrupción; hay proveedores que están vendiendo productos a determinados precios que nosotros queremos que bajen”, insistió el ministro Arroyo.
El economista Martín Kalos, de la consultora Elypsis, calificó de "problema eterno" a las compras públicas. "El Estado paga tarde y eso puede implicar mayores costos administrativos, entonces quienes se presentan a licitaciones suman algún 'interés' al precio por la falta de certeza del plazo de cobro", explicó.
Según una fuente del ministerio de Desarrollo Social consultada por este diario, "el Estado paga a 60, 90 y hasta en 120 días. Pero en estos casos en los que los presupuestos están disponibles por la emergencia, puede darse que se pague antes, a 30 días. La demora (en los pagos) no es por desidia, es por procesos burocráticos y legales con los que hay que cumplir", se explicó.
