En uno de sus últimos decretos como gobernador, Francisco Pérez firmó el viernes pasado la intervención a la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia, que es la principal prestadora del departamento y que atiende a más de 14.500 usuarios, la mayoría de ellos vecinos de la ciudad.
El decreto gubernamental dispone apartar a las actuales autoridades y entre ellas, al presidente Alberto Debandi, imputado en la Justicia, por el delito de defraudación, luego de una denuncia de la comuna de Rivadavia que investiga la fiscal Valeria Bottini.
"El servicio va a continuar de manera normal y esto no va a ser una caza de brujas, aunque es necesario poner orden y revisar la administración que se ha hecho de la cooperativa en estos años", señaló ayer a Los Andes, Sergio Gustavo Boverman, el interventor designado para ocupar, junto a los asesores que considere, la autoridad de la cooperativa por al menos 180 días.
Si bien el decreto que lo ubica en el nuevo cargo ya está firmado, hasta anoche Boverman no sabía cuándo ocuparía la intervención: “El cambio de autoridades en el gobierno de Mendoza implica nuevos funcionarios con los que hay que hablar del tema. Hasta ahora he estado de reunión en reunión con gente del EPRE y del ministerio. Quiero hacer esto sin apuros innecesarios, pero dejando en claro que vamos a poner orden en la cooperativa”.
Según consta en la investigación que lleva adelante la Justicia y que terminó con la imputación de Alberto Debandi por defraudación, durante más de diez años (entre 1999 y 2012) la cooperativa eléctrica que preside Debandi, cobró mensualmente a sus más de 14.500 usuarios, un canon municipal del 6% sobre el consumo de cada factura, un dinero que, sin embargo, nunca fue depositado en las cuentas de la comuna, tal cual lo manda una ordenanza municipal.
“La pregunta es qué hizo la cooperativa eléctrica con esa plata que cobró a sus usuarios pero que nunca entregó a la comuna. ¿Dónde está?”, señaló el intendente Ricardo Mansur.
Esa tasa municipal que alcanza al 6% sobre la facturación de energía, fue sancionada por el Concejo Deliberante en 1984 y se aplica a las tres cooperativas eléctricas del departamento, aunque la Anexo Popular no la cumple y alega que “es ilegal”. Así, la comuna y la cooperativa Popular de Rivadavia están en pleito por los alcances de esa tasa, que la empresa dejó de incluir en sus facturas en julio de 2012, pero que no paga al municipio desde 1999.
Desde 2012 y de manera unilateral, la cooperativa dejó de incluir el 6% municipal en la facturación y la comuna no sólo exige que la administradora eléctrica pague la deuda sino que restablezca en las facturas el porcentaje que corresponde a la comuna.
“Si la Anexo Popular cree que la ordenanza es inconstitucional, lo que debe hacer es reclamar a la Justicia, pero no puede unilateralmente dejar de aplicarla, que es lo que vienen haciendo desde julio de 2012”, agregó Mansur, quien ha pedido, a la Justicia, extender la acusación por defraudación por retención indebida, que pesa sobre Debandi, al resto del Consejo Administrativo de la cooperativa.
