Luego de negar la construcción de la nueva cárcel a través del sistema de iniciativa privada y así quedarse sin proyecto, Alfredo Cornejo recibió este miércoles un “regalo” en su despacho: el empresario mendocino Omar Álvarez, dueño de Obras Andinas, renunció a los derechos de propiedad intelectual de sus planos y los puso “a disposición” del Gobierno.
Así lo comunicó Álvarez, empresario con injerencia en varios rubros (obras, medios y energía), a través de una carta que envió a Cornejo.
Sin embargo, en el Gobierno tomaron la novedad con relativa calma y no modificaron mucho sus planes, que hasta ahora son inciertos.
“La renuncia anterior, comprende a todo derecho que pueda haber surgido de los actos administrativos dictados en el marco de dichos obrados, el reclamo de los costos y honorarios que se han sufragado a fin de la concreción de la misma, así como de cualquier lucro cesante que derivase de ella. A la par, ‘pone a disposición’ del Poder Ejecutivo, de manera gratuita, el Proyecto Ejecutivo”, anunció la misiva.
Más allá del regalo, en el Gobierno por ahora no están muy convencidos de avanzar con el proyecto que el año pasado dio origen a la idea de construir una nueva unidad penitenciaria, que albergue a cerca de mil reclusos y así descomprima el sistema penal.
“El diseño de la cárcel que se va a utilizar no es el que pertenece a la iniciativa privada, lo que se hizo fue tomar una referencia. Aún si se utilizara la iniciativa privada, nosotros ya habíamos planteado la necesidad de reformar ese proyecto, porque lo vemos muy oneroso para el número de internos que se piensa alojar”, señaló Daniel Chicahuala, subsecretario de Infraestructura, y explicó: “En Almafuerte tenemos aproximadamente 950 internos, y en esta cárcel es para 906. Si bien el número es más o menos igual, la cárcel que ya existe tiene 23 mil metros cuadrados, mientras que la que está en proyecto tiene 46 mil”, diferenció y agregó que también habrían otras modificaciones.
La idea que el empresario puso a disposición de Cornejo, con la intención de que “este acto de ‘buena voluntad’ facilite y sirva al Gobierno de Mendoza para la concreción de este necesario Proyecto”, tenía un precio que no terminó de ser precisado.
Con plata pero sin la idea
Con el cambio de modalidad de privada a pública, la intención de construir una nueva cárcel quedó en medio de una extraña situación.
Si bien la Legislatura un nuevo endeudamiento por 90 millones de dólares para la refacción del penal Almafuerte (entre 10 y 12 millones tendrán este destino) y la construcción de una “institución de diferenciada cerrada para la ejecución de pena”, sin la iniciativa privada no hay proyecto a realizar.
La falta de certeza también modificó los planes del Ejecutivo. Al momento de presentar la idea, el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, señaló que la ejecución demandaría 3 años, aunque la intención era reducirlo a 2 .
A su vez, la licitación llevaría entre 4 y 5 meses, por lo que se podría estimar que recién el año que viene comenzarían las obras, con la intención de inaugurarse a fin de la gestión de Cornejo.
Ahora, tanto los plazos como los costos, dependerá de qué se decida construir. En este sentido, el martes cuando se conoció que no sería a través de iniciativa privada la construcción, surgieron algunas alternativas en cuanto a qué proyecto realizar. Una de ellas, fue la ampliación de Almafuerte, idea que en parte descartó Chicahuala.
“No es cierto lo que dijeron los profesionales de Infraestructura que si se toma Almafuerte y se le ponen 4 módulos más, está resuelto el problema. No sólo hay que colocar más camas, sino hacer una serie de mejoras generales en el resto de las instalaciones que son compartidas, como la enfermería, el comedor, el patio. Hay que readaptar toda la cárcel”, consideró.
Otra opción en la mesa es la de llamar a una licitación de proyectos, algo que planteó el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet, considerando que “ hay que hacer lo mejor y más económico para la provincia”.
Entre las alternativas, también se contempla reactualizar los valores de los planos de Almafuerte y construir un nuevo penal similar, aunque reconocen, con las mejoras que se evidenciaron como necesarias en los 9 años de existencia de esta cárcel.
Sin legislación para la iniciativa privada
En tan sólo 15 días, la discusión en torno a la construcción de una nueva cárcel reflotó y, en el medio, tuvo varias idas y vueltas.
El proyecto originalmente fue planteado por el ex gobernador Francisco Pérez (FpV), quien el 23 de febrero del año pasado envió un pedido de endeudamiento para esta construcción.
En aquel momento, se informó que la idea la había planteado Álvarez y que, en su carácter de promotor, tendría algunos beneficios encuadrados dentro de la iniciativa privada.
Esta versión fue la que se extendió desde la última etapa de Pérez hasta esta semana. Incluso, con la adhesión del radicalismo.
El pedido de endeudamiento fue votado el 15 de junio por Diputados, aunque en el Senado no tuvo la misma premura y demoró una semana más.
El martes, hubo un brusco giro y se dijo que no sería por iniciativa privada, sino por licitación pública.
El motivo fue que, tras el estudio, se descubrió que si bien a nivel nacional existe la iniciativa privada, no así en la Provincia, en donde sólo se posibilita la concesión privada.
