Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Uno de los mayores desafíos para cualquier gobierno es generar confianza, expectativas positivas, porque de eso depende el humor de los actores económicos, llámense empresarios, inversores, consumidores, empleadores, banqueros y cualquier otro tipo de rol que las personas ocupan en la economía.
Desde el comienzo de su gestión, Mauricio Macri se ocupó de transmitir un mensaje optimista, no resaltó demasiado la gravedad de la situación en la que había recibido el Estado y prometió una transición corta para comenzar una recuperación en el segundo semestre.
Estas promesas, y la noción que todos tenían de la gravedad de la situación heredada, hicieron que la confianza y el entusiasmo se apropiaran, no sólo de los inversores sino de los ciudadanos en general.
Las primeras decisiones, que tendieron a destrabar ciertas situaciones, como eliminar retenciones, abrir el mercado de cambios y liberar las exportaciones, fueron bien vistas por el mercado, mientras la oposición criticaba que eran medidas que sólo favorecían a los ricos. El arreglo con los holdouts nunca fue computado como un beneficio para la sociedad.
Luego el gobierno tomó decisiones largamente reclamadas. Se aumentó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se aumentó la Asignación Universal por Hijo y se la hizo extensiva a los monotributistas. Se anunció y salió la ley de promoción para las pymes con una gran cantidad de ventas. Todas estas decisiones se hicieron con más gasto fiscal o sacrificando ingresos con la idea de generar una reactivación del mercado.
El problema de las tarifas
El Gobierno necesita mejorar sus ingresos, es obvio, porque debe financiar los anuncios anteriores y para ello sólo tiene dos fuentes posibles: una reactivación del sistema productivo y la posibilidad de tomar endeudamiento en los mercados externos, ahora que se solucionó el problema de la deuda externa.
Pero la fuente más segura, que se había anticipado, iba a provenir de la eliminación progresiva de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Por la dimensión que tenían, era seguro que se debería llegar en un camino gradual para evitar conflictos sociales, pero ocurrió todo lo contrario.
El primer problema se dio en el área metropolitana de Buenos Aires, donde no sólo no se había actualizado la tarifa eléctrica, sino tampoco la proporción del costo de distribución, y ésa es la razón de la falta de inversiones que afecta en forma sistemática a los usuarios. En este caso, no hubo una clara diferenciación entre los sectores de más altos ingresos y los sectores medios.
En el caso del gas, ya se habían producido algunas adecuaciones tarifarias, salvo en Mendoza, donde una ONG venía obteniendo acciones de amparo y había postergado la decisión. En nuestro caso, la actualización del gas tuvo un impacto similar al de la luz en Buenos Aires.
Respecto del transporte, que fue el primero en corregirse, el gobierno hizo una serie de cálculos raros para terminar pagando más subsidios que antes, pero atendiendo al área metropolitana, donde estaban más atrasadas. En este caso, abarcó al transporte de colectivos de larga, media y corta distancia, así como a los trenes de pasajeros.
Con las quejas registradas, el gobierno debió hacer ajustes, sobre todo en el gas, cuyas facturas llegaron justo en un invierno mucho más frío que los anteriores y en el que el mayor consumo había hecho subir de categoría a la mayoría de los usuarios. Pero luego vinieron dos acciones de amparo: una en el gas, primero, y esta semana en la luz, que volvieron todo atrás.
Si bien hay un argumento válido, y es que el gobierno no respetó el procedimiento de hacer audiencias públicas previas a los aumentos, hay un cierto desliz de los jueces que están excediendo sus facultades. Calificar a los aumentos como “excesivos”, “confiscatorios” o “exorbitantes” implica entrar en calificaciones para las que los jueces no están habilitados ni calificados.
Mientras se espera una definición de la Corte Suprema, a efectos de tener en claro los límites de tipo legal, el gobierno se queda sin estos mayores ingresos, lo que le complicará el desempeño fiscal en el segundo semestre y posiblemente las metas de inflación, y postergue la recuperación de la economía.
Todas estas marchas y contramarchas, por efecto de falta de tacto político por parte de los funcionarios, ha hecho que se haya perdido el efecto positivo de las medidas tomadas anteriormente. Hoy los ciudadanos ven una pérdida del 15% de su poder adquisitivo; las empresas que quieren exportar están limitadas porque el dólar no avanzó al ritmo de la inflación y han vuelto a perder competitividad; los inversores siguen desconfiando por la poca seriedad de la clase política, mientras que la Justicia no garantiza la protección de los derechos.
La recuperación viene demorada
Esta semana se conoció el Relevamiento de Expectativas de Mercado, de agosto, que reúne los cálculos de más de 50 consultoras, centros de estudios y universidades, que recaba el Banco Central mensualmente. Está claro que ya nadie espera un gran rebote para el segundo semestre, aunque algunos son optimistas hacia fin de año.
En agosto queda claro que ya no prima la visión optimista de meses anteriores. La inflación, en promedio, se extendió a una perspectiva del 42% hacia fin de año con una moderada baja del 28% para 2017. Respecto del nivel de actividad, los estudiosos calculan que caerá 1,5 a 1,8% este año, aunque mantienen la posibilidad de un rebote hasta 3,5% para el año venidero.
Por lo pronto, el gobierno sigue en marcha con una serie de proyectos para intentar ordenar diversos aspectos y uno de ellos es el tema impositivo. Por una parte, se puso en marcha una comisión que estudiará una reforma impositiva integral a efectos de quitar efectos regresivos a los impuestos y hacerlos más progresivos.
Pero, además, firmaron un acuerdo con las provincias para estudiar una reforma también en cada jurisdicción que sea coordinada entre todas, invitando también a los municipios a hacer lo mismo. En principio, la idea es terminar la gestión con equilibrio fiscal para el presente año y evitar nuevos endeudamientos.
Por otra parte, se mantiene la expectativa sobre los resultados del blanqueo, para lo cual la AFIP ha recabado suficiente información sobre inmuebles, bancos y capitales off shore, a los cuales está mandando “cartas de invitación” para que se presenten al blanqueo. Es una forma de decirles: “Sabemos dónde estás y qué tenés. Mejor vení solo porque, si te vamos a buscar te va a salir demasiado caro”.
El gobierno tendrá que adecuar los discursos y las acciones a efectos de no tener fallas legales y poder hacer las cosas de forma que se pueda recuperar la esperanza. No se puede ser ortodoxo en algunas cosas, heterodoxo en otras y mostrarse desorientado en otras tantas. Alguien debe dar coherencia a la acción.
