Prácticamente desde los inicios de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ésta y su gobierno han considerado que toda manifestación o declaración que ose criticar aunque sea una sola de sus políticas, tiene algo que ver con un golpe de Estado de nuevo tipo. Para ello los intelectuales ultraoficialistas del colectivo denominado “Carta Abierta” han instalado la palabra “destituyente”, que vendría a ser, más que un hecho, una actitud, una especie de intención por parte de sectores opositores o meramente críticos por acabar prematuramente con el gobierno de Cristina Fernández mediante argucias jurídicas o vía la incitación a cataclismos sociales de todo tipo y especie.
Entonces, desde hace casi ocho años, los principales voceros del Gobierno se han cansado de acusar de golpistas más o menos velados, más o menos disimulados, a todos los sectores sociales que no comulgan enteramente con su ideario político. Han encontrado una, en apariencia, perfecta coartada para evitar cualquier opinión disidente al condenarla desde el mismo momento de su expresión como algo pecaminoso contra el sistema democrático y la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que de tanto acusar de desestabilizador a cualquier evento por mínimo que éste fuera, la patraña se ha desnudado sola, en particular frente a una realidad tan pero tan absolutamente contraria a esas pretensiones oficiales.
Es cierto que durante décadas en la Argentina el golpismo fue una amenaza siempre latente y un peligro objetivamente real que se concretaba periódicamente de un modo u otro, generalmente bajo una alianza cívico-militar que rompía el sistema para instalar alguna modalidad de dictadura. Pero ese mal político que comenzó en 1930 fue dejado de lado a partir de 1983 o un poco después, cuando a los últimos intentos de golpes bajo la conducción de Aldo Rico y de Mohamed Seineldín, gobierno y sociedad respondieron todos unidos rechazándolos de plano y reprimiéndolos con toda la fuerza de la democracia. Desde ese momento y cada día con mayor intensidad, aun cuando la democracia en la Argentina no fue siempre de alta calidad, los peligros golpistas han desaparecido, al menos en todas las grandes corrientes político sociales que dominan el espectro institucional.
El kirchnerismo, en su versión cristinista, acusó al campo primero, a los medios después, a la Iglesia incluso algunas veces y desde hace bastante tiempo y con suma fijación de miras al Poder Judicial en sus más variadas vertientes de ser promotores de intentos destituyentes que, si no se concretan, es porque el Gobierno fantasea haberlos detenido a partir de su denuncia pública.
En los momentos actuales, frente a una marcha del silencio convocada -entre otros- por algunos fiscales para recordar el primer mes del fallecimiento de Alberto Nisman, se ha recurrido a la misma pantomima haciendo no sólo lo imposible para evitar la democrática movilización ciudadana sino despreciándola y acusándola con los peores epítetos posibles. Sin embargo, la realidad es una sola: los golpes no están pero los deseos del gobierno parecieran quererlos, como convocando a los demonios antes de resignarse a dejar democráticamente el poder a fin de año.
