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hace 1 hora
Tras la dura crítica del presidente Mauricio Macri, el Gobierno denunció este viernes ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Patricia Susana Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional N° 62, que liberó al motochorro colombiano tras resarcir a la víctima con $ 700.
El escrito, al que tuvo acceso Clarín, fue presentado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, por expreso pedido del ministro de Justicia Germán Garavano. Está dirigido al presidente del Consejo, Ricardo Recondo, al que le solicita intervención de la Comisión de Disciplina y Acusación del órgano.
También funcionarios porteños, como el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaron el accionar de la magistrada y hasta el propio Mauricio Macri se involucró en el tema y sostuvo que era "indignante" la decisión de liberar al motochorro.
En el Gobierno se debatió internamente sobre la conveniencia de denunciar a Guichandut. Pasadas las 16.30, Mahiques, representante del Ejecutivo ante la Magistratura, hizo la presentación oficial en el Consejo.
De todos modos, las dudas que había en el Gobierno quedaron expuestas en el tono del escrito presentado por Mahiques.
El texto cita las crónicas periodísticas y parte del descargo que hizo Guichandut luego de que se conociera y solicita que desde la Comisión “se instruyan los informes y medidas pertinentes para dilucidar las circunstancias vinculadas al hecho como así también si el desempeño funcional de la Dra. Guichandut se ajustó a derecho”.
Además pide como “medidas preliminares de prueba” que “se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 62 a fin que remita copia certificada de la causa penal que se hubiera instruido contra el señor Jair Jurado Mora”.
Y “se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones a fin que remita copia certificada de toda actuación labrada y que se encuentre vinculada con el ciudadano colombiano Jair Jurado Mora”.
En ese sentido, Mahiques recordó que la jueza había señalado en su descargo público que "funcionarios de Migraciones se entrevistaron con el detenido y en ningún momento notificaron al tribunal de que el imputado hubiera estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional" de acuerdo a las leyes vigentes".
