El Gobierno quiere contar con la Ley de Movilidad Provincial como una forma de cambiar el marco regulatorio actual del transporte público y privado, que de paso le abre la puerta al cuestionado servicio de Uber. Por eso, el secretario del área, Natalio Mema, defendió el proyecto ante un plenario de
Comisiones de diputados y también con representantes de cámaras de empresarios del sector, como Aprotam, durante la cual tomó nota de varias propuestas que prometió incluir en el texto antes de que se trate en el recinto.
Primero el peronismo y PI/Protectora hicieron observaciones al proyecto original, que entre otros aspectos crea la UESV (Unidad de Estudio de Seguridad Vial) y un Organo Consultivo del Emop (Ente de Movilidad Provincial) como autoridad de aplicación. Y también modifica el alcance de "transporte público" para determinados medios.
Legisladores del bloque Podemos, a instancias del pedido de transportistas escolares, le plantearon a Mema darle más plazo a los operadores para el recambio de unidades de más de 10 años. Un pedido que se comprometió a analizar.
Por su parte, desde el PI, Mario Vadillo y sus pares se encolumnaron en dos observaciones orientadas a los usuarios y choferes-dueños de taxis. Concretamente, que la defensa de los derechos del pasajero se rija por la ley de Defensa del Consumidor, además de más garantías para la situación de los mandatarios.
“Tomamos nota de los aportes de las distintas fuerzas políticas y cámaras empresarias para analizar su incorporación al proyecto y poder enviarlo a votación. Fue una reunión productiva”, dijo Mema.
Mientras eso ocurría, más de 500 taxis ocuparon calle Mitre entre Godoy Cruz y el Parque Central. El titular de Aprotam (Propietarios de Taxis), Fernando Sáez, advertía la necesidad de "revisar punto por punto" el proyecto, por "no tener consenso".
Al respecto, Sáez consideró que “la Comisión reverá punto por punto para volver a reunirnos para mejorar la ley. Fue un freno momentáneo al tratamiento y nos dieron la palabra de que no se tratará sin estar consensuado”.
El cuestionamiento es el cambio de estatus: por ejemplo, que el taxi deja de ser un servicio público para declararse de "interés general", lo que habilita a un funcionario a otorgar nuevos permisos.
"No nos convence: históricamente fue por sorteo, y ahora quieren que sea discrecional", acotó el empresario, que participó de la reunión junto a sus pares de servicios contratados y de discapacidad.
Otro punto está orientado a mandatarios, y al tope de 200 vehículos, por "propiciar la concentración económica".
Plataformas electrónicas
Aunque no le pone nombre propio, el proyecto de Ley prepara el terreno para el aterrizaje de Uber a través de un apartado titulado "Servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas".
Aunque Uber o similares deberán cumplir ciertos requisitos con respecto a registros, horas de viaje de cada conductor, impuestos, antigüedad y capacidad de los vehículos, también se habló del esquema tributario a aplicarle al servicio resistido por taxistas y remiseros.
“Vamos a analizar qué tasa se aplicará, si la misma que está vigente o una superior. Y la regulación está incluida en la ley”, soltó Mema para, luego de oír una vez más el reclamo de restricciones para Uber.
Actualmente, taxis y remises abonan la tasa de fiscalización de $ 180, sin contar Ingresos Brutos y Patentes.
El funcionario reconoció que estas plataformas “han traído inconvenientes en los lugares en donde ingresaron porque no tienen regulación; pero nosotros queremos regularlas”. Y agregó que “deben pagar impuestos y limitar la cantidad de choferes, como así también contratar los seguros correspondientes”.
A propósito, mañana directivos de Uber estarán en Mendoza. Pero desde el Ejecutivo negaron que esté agendada una reunión con ellos.
