El Gobierno manda abogados para cobrarle deudas a las obras sociales

Otorgó un poder especial a un equipo de seis abogados para que reclamen en nombre del Estado por servicios de salud prestados a pacientes.

El Gobierno manda abogados para cobrarle deudas a las obras sociales
El Gobierno manda abogados para cobrarle deudas a las obras sociales

La historia del cobro de las deudas que empresas de seguro y obras sociales dejan en los hospitales de Mendoza es un viejo slogan de la política. El Gobierno va por el reclamo judicial. "Nombró" a seis abogados que representarán a la provincia ante los estrados judiciales y cobrarán lo que los jueces regulen de honorarios en el juicio a pagar por los deudores.

Hace unos días que los profesionales husmean en los gastos médicos del Hospital Lagomaggiore: allí encontraron 87 facturas impagas por un total de cuatro millones de pesos. Ese será el primer objetivo del equipo legal.

En julio de 2017 el Gobierno provincial licitó y adjudicó la gestión de cobro administrativa a una empresa que se dedicaría a cobrar multas viales y también las facturas por servicios prestados en los nosocomios públicos a accidentados y pacientes afiliados a una prepaga u obra social.

Esta gestión administrativa implica que la empresa ganadora de esa licitación, Ser
vicios y Consultoría SA, se encargaría de perseguir a compañías de seguros y obras sociales para que pagaran
por los servicios médicos ofrecidos por los hospitales públicos.

La "persecución" no llegaba al reclamo judicial. Desde el Gobierno provincial informan que, en el sistema de salud, en 2018 cobraron en concepto de accidentes de tránsito en los seis hospitales grandes (Lagomaggiore, Central, Notti, Carrillo, Perrupato y Schestakow) 28 millones de pesos adicionales y en los primeros cuatro meses de 2019 el recupero llegó a 45 millones de pesos. En 2017 se recaudaron por el mismo ítem 21 millones de pesos.

Ahora llega la etapa judicial. El viernes salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 754, por el que Alfredo Cornejo le indica a la Escribanía General de Gobierno que extienda un poder especial a seis abogados para que litiguen contra obras sociales, administradoras de riesgos de trabajo (ART) y compañías de seguro.

La empresa Servicios y Consultoría indicó que era conveniente arrancar por el Lagomaggiore, en segundo término los abogados se dedicarán al reclamo judicial en el Notti y luego en Central. Posteriormente se avanzará con el reclamo en los otros nosocomios grandes: Carrillo, Perrupato y Schestakow.

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