El Gobierno de Mendoza -en la figura de la Dirección General de Escuelas- y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) iniciaron ayer un nuevo foco de tensión. Esta vez, el "botín" en disputa son las Juntas, tanto la de Disciplina (primaria y secundaria) como la Calificadora de Méritos.
Durante la mañana, se concretó una inspección de funcionarios y técnicos de la DGE en la primera de estas juntas, con el objetivo de solicitar la documentación vinculada a un expediente concreto: el de una docente que tiene un pedido de sanción hace 6 años y que aún no se resuelve.
Pero, además, el Gobierno solicitó que se le remitan todas las causas pendientes ya que es facultad de la DGE resolverlas y no de la Junta, según destacaron.
"Nosotros tenemos el reclamo de esa docente y, como la tienen a las vueltas hace más de 6 años, ella lo elevó a la DGE para que sea el director general de Escuelas quien lo resuelva y no la Junta" destacó Jaime Correas.
“A raíz de este pedido en concreto, nos pusimos a analizar bien la situación y en la modificación que se hizo de las juntas en la paritaria 2009 -y que tuvo aval legislativo- se especifica que sólo se modifica lo vinculado a la composición, pero no a la competencia o facultad de resolver una situación.
Eso significa que lo que vienen haciendo es ilegal, ya que la Junta empezó a sancionar también sin tener competencia", agregó Correas, para quien "desde 2009" este organismo "funciona irregularmente. Entonces dijimos que nos tienen que dar no solo ésta sino todas las causas que tengan que resolverse. La DGE vuelve a tener una potestad que es del Estado y que nunca se había perdido, pero que se había adjudicado el sindicato".
El director general de Escuelas destacó además que lo que harán a partir de este momento es "restituir la legalidad, al igual que lo establece el estatuto docente".
Ante esto, desde el SUTE salieron a reclamar y a contestarle a Correas. "Es totalmente falso el argumento al que recurren; la DGE miente descaradamente. Además del acuerdo y el decreto que lo homologa en 2009, hay una ley de 2011 que establece no sólo el tema de la composición, sino también de las facultades. El director de Escuelas propone volver al Estatuto del Docente, que es de 1984, pero ya ha tenido modificaciones para hacerlo más democrático", resumió el pro secretario general del sindicato, Roberto Garcés, quien además definió a la medida como "un nuevo atropello contra los trabajadores" y como algo "ilegal".
"No entendemos el objetivo. Vemos que hay una saña contra los trabajadores de la educación, en quienes el Gobierno actual ve a sus enemigos número uno. Lo que se ha querido lograr con esto es un efecto político acorde a los anuncios de modificaciones en los cuerpos colegiados que ha anunciado el gobernador. Pero no se la vamos a dejar pasar, sintetizó Garcés, quien exigió que haya paritarias abiertas y elecciones en esos organismos.
Fuego cruzado
Cerca de las 9.30 de ayer, un grupo de técnicos de la DGE se hizo presente en la sede de la Junta de Disciplina (San Juan 490 de Ciudad). Con el caso de la docente que hace 6 años aguarda por la resolución de su situación como emblema, formalizaron el pedido de que se remitan al Gobierno escolar todas las causas abiertas.
"Así como el de esta mujer, supimos de denuncias que llegaban y se cajoneaban (porque eran de personas afines a sus intereses); de otras que se vuelteaban y de otras en las que se sancionaba arbitrariamente. Todo porque dentro de la Junta se arrogaban esa competencia", destacó Correas.
Hasta 2009, las dos juntas constaban de 8 integrantes: 4 representantes de los docentes y 4 del gobierno escolar (entre ellos el titular de la DGE).
Con la modificación de hace 9 años, se agregaron 4 integrantes más del sindicato. Aquí es donde surge el actual conflicto: es que mientras la DGE sostiene que la modificación fue sólo en lo referido a composición -pero no en facultades, insistiendo que sigue siendo competencia del gobierno escolar-, el SUTE resalta que también se cambió esto.
"Durante todos estos años el SUTE bajó el nivel de efectividad de las juntas, ya que resolvían cuando querían. Con el caso de la docente a la que vuelteaban desde hace 6 años se puso en evidencia que había algo irregular y que ya se había naturalizado. Por eso vino a pedir a la DGE que se la declare culpable o inocente, pero que se resuelva su situación", explicó Correas, quien además insistió en que el tema de las competencia nunca fue ratificado y que el sindicato se quedó con competencias que eran del director general de Escuelas, es decir suyas. "Ya no va a ser un sector el que maneje este tema, ahora será un sistema", sintetizó.
La exigencia efectuada por el personal de la DGE ayer fue rechazada por los miembros de la Junta, por lo que Correas adelantó que habrá consecuencias penales y administrativas por ello.
Garcés, por su cuenta, insistió en la ilegalidad de esta medida oficial. "Pretenden ir a buscar a la Junta de Disciplina información que es confidencial -poniendo en riesgo esa información y a las personas involucradas- y mandan a los mismos empleados de la DGE a buscarla. Nosotros llevamos a nuestros abogados y a un escribano, y no entregamos la información. En simultáneo, se presentaron en la Junta Calificadora de Méritos con una notificación sobre la resolución que pretende este atropello", continuó el gremialista, quien acotó que accionarán a nivel judicial y gremial.
"La Junta Calificadora nos permite acceder a cargos, y la de Disciplina nos atañe cuando hay alguna inconducta. Ambas son claras y transparentes, y ahora la DGE pretende que el poder de sanción y de nombramiento sea ejercido sólo por ellos", cerró el vocero del SUTE.
