El Gobierno y la Justicia dieron ayer dos señales fuertes para demostrar que quieren avanzar en la investigación sobre posibles sobornos de parte de la constructora Odebrecht a funcionarios, ex funcionarios y empresarios argentinos.
En la Casa Rosada tomaron la iniciativa en el caso, luego de que la líder de la Coalición Cívica-ARI y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, denunciara un plan para proteger al ex ministro kirchnerista Julio de Vido.
La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, resaltó que, en una reunión que mantendrán hoy con los abogados de la firma brasileña, les pedirá “la mayor información con el mayor detalle” y reclamó a los fiscales y a los jueces que las coimas pagadas por la empresa “no sean otro Siemens”, en alusión al escándalo de corrupción de la firma alemana en los ‘90.
En paralelo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó a la procuradora general de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, por su “andar errático” y “clara inacción” en los presuntos hechos de corrupción vinculados con Odebrecht. El funcionario inclusive fue más allá: pidió que esta “deuda institucional” de la jefa de los fiscales “se corrija con su renuncia”.
Por parte de la Justicia, el fiscal federal Federico Delgado cursó ayer invitaciones a los representantes que la compañía brasileña tiene en la Argentina para que en el plazo de cinco días se presenten en los tribunales para acogerse a la figura del “arrepentido” y colaborar en las investigaciones que implican en la Argentina un total de coimas que se calcula en alrededor de 35 millones de pesos.
El pedido del fiscal Delgado se produjo luego que Odebrecht presentara ante el juez Sebastián Casanello una copia del acuerdo entre la empresa y la Procuración General de Brasil -y sus 26 regionales-, que supone uno de los capítulos del caso de corrupción conocido en ese país como “Lava Jato”.
Delgado formuló esta invitación a directivos de Odebrecht como consecuencia de una causa en la que se investiga a esta empresa por reformas dispuestas por la estatal argentina AySA en una planta potabilizadora de la localidad bonaerense de Zárate, expediente en el que interviene con el juez Casanello.
En relación con Odebrecht, también interviene Delgado, en este caso junto al juez Daniel Rafecas, en otra investigación por sobornos y sobreprecios en la construcción de gasoductos norte y sur de nuestro país, un desprendimiento del caso Skanska.
Otra causa es llevada adelante por el juez Marcelo Martínez de Giorgi junto al fiscal Franco Picardi, por sobornos en obras del soterramiento del Tren Sarmiento y que involucran en principio al exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez.
"Chanchullos"
Garavano dijo que el Gobierno “ha tomado la decisión” de convocar a la empresa para “que brinde toda la información” a su ministerio y a la OA, “para luego facilitársela a la Justicia” y que fue “una instrucción del presidente Mauricio Macri”.
“El Gobierno le va a pedir el máximo detalle: cuentas bancarias, fechas, quiénes fueron las personas. A partir de eso es posible que podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos”, dijo, por su parte, Laura Alonso, jefa de la OA.
La reunión en cuestión se realizará hoy en la OA y la decisión de citar a los directivos de Odebrecht se tomó tras una conversación entre Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Garavano.
Alonso, cuyo cargo es secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, señaló que el Gobierno “tiene una cantidad de resortes para sancionar a compañías que hayan incurrido en prácticas irregulares, que van desde la suspensión de un contrato hasta revisar la existencia de esas compañías en el registro de constructores”.
Y, al igual que Garavano, criticó el accionar de la Justicia en las causas por presuntos hechos de corrupción de las últimas dos décadas y del Ministerio Público Fiscal en lo que concierne a los sobornos de Odebrecht. También dijo que “nadie protegió a nadie”, al responder sobre los dichos de Carrió sobre una supuesta “protección” a De Vido por parte del Gobierno.
Podrían solicitar la figura de "arrepentidos"
El fiscal Federico Delgado instará a directivos de Odebrecht a acogerse a la figura judicial de arrepentido con el objetivo de que brinden información sobre posibles coimas en que incurrieron tanto miembros de esa empresa brasileña como funcionarios, ex funcionarios y empresarios de nuestro país.
La figura del “arrepentido” ya está contemplada en el Código Penal, pero sólo podía ser activada para los imputados por delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
El Congreso sancionó en octubre pasado una ampliación de los alcances de esta figura, que ahora podrá ser utilizada en este caso, en que se investiga presuntos sobornos para la realización de obras públicas.
En concreto, desde octubre la Justicia también puede considerar arrepentidos a imputados que así lo soliciten en delitos de asociación ilícita, prostitución y corrupción de menores, delitos contra el orden económico y financiero, y actos de corrupción de los funcionarios públicos.
En cambio, se excluye a los imputados por delitos de lesa humanidad y los funcionarios públicos que, según la Constitución Nacional, deban ser removidos a través de juicio político.
La ley de Arrepentido se sancionó con el fin de alentar a los acusados o condenados a brindar información precisa y verosímil que permitan avances reales en las investigaciones judiciales.
El beneficio para el arrepentido es que podrá gozar de una reducción de la pena. En los casos de prisión perpetua, se la podrá reducir a 15 años de prisión.
Para ello, deberá suministrar información sobre personas de mayor jerarquía implicados en la supuesta organización criminal, o sobre delitos más graves de aquellos en los que esté involucrado.
A este beneficio pueden acceder quienes ya estén condenados. En todos los casos el Estado garantizará su protección y la de sus familiares.
Contras las falsas denuncias o maniobras fraudulentas para incriminar a personas, la ley castiga al “arrepentido falaz” con una pena de 4 a 10 años de prisión.
El mecanismo para que una persona pueda acogerse a este beneficio es a través de un acuerdo escrito entre el arrepentido y el fiscal o el juez, mediante una homologación judicial y control del defensor.
