Mientras que diferentes proveedores se quejan en voz baja sobre atrasos en los pagos del Estado provincial, el Gobierno admite que viene demorado en los cumplimientos. Según señaló el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, la deuda flotante de Mendoza asciende a $ 11 mil millones.
Deuda flotante es aquella que surge entre lo que el Estado está comprometido a cancelar en el corto plazo y lo efectivamente pagado por la Tesorería; suele estar integrada por las facturas de los proveedores en las distintas áreas.
Después de blanquear el dato, el ministro Nieri saca la cuenta en dólares, unos 185 millones de esa moneda (cotizada a $60), e inmediatamente hace la comparación con lo que sucedía en diciembre de 2015, cuando Francisco Pérez dejó el Gobierno: "Teníamos 365 millones de dólares. Ahora es la mitad", asegura.
Luego sincera que ha crecido el monto de lo que se debe pagar a los proveedores respecto de lo que sucedía el año pasado, pero "hemos hablado con otras provincias y no es tan preocupante nuestra situación. No tenemos un volumen de deuda que justifique la emisión de un bono para proveedores, como hicieron Córdoba, Entre Ríos, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, o como lo tuvimos nosotros en 2016, que tuvimos que emitir dos bonos por 2000 millones de pesos cada uno".
Entre los proveedores consultados por Los Andes hay quejas dispares. En el sector sanitario, un empresario que le vende a los efectores de salud sostiene que "hay atrasos, pero no es una situación como la de 2015"; tal vez porque la emergencia desatada por el coronavirus hace que la prioridad sea el gasto sanitario no hay quejas estridentes.
Distinto es el caso entre los proveedores de la Dirección General de Escuelas (DGE), que ofrecen las meriendas y viandas y que, en la emergencia, ponen los bolsones de productos que cada 15 días los padres se llevan a sus casas.
En el sector siguen sosteniendo una queja que surgió al inicio de las clases, cuando reclamaban el pago de meriendas desde octubre o noviembre. Sin querer identificarse, sostienen que los últimos pagos se hicieron a principios de febrero, por los servicios prestados el año pasado, y que aún les deben unos $ 20 millones.
Nieri sostiene que si se debe noviembre en las meriendas escolares, el atraso es de un mes; desde el otro lado del mostrador sostienen que también se debe la fracción del mes de marzo en el que hubo clases y también el bolsón de alimentos que se distribuyó a fines del mes pasado, dado que esta semana termina abril y los pagos deberían ser a 30 días.
Obra pública
En el caso de las obras también hay quejas sin identificación de voces. Empresarios de la construcción sostienen que el ajuste viene desde el año pasado, con las ampliaciones de obra que ya fueron terminadas y entregadas pero que aún no se pagan. Estas ampliaciones suelen aparecer en medio de los trabajos, que implican cambios en el proyecto licitado y adjudicado.
Esto lo explica una de las pocas voces del sector que se anima a decir algo: Gerardo Fernández, de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza. "El proceso administrativo para el pago implica una medición de obra realizada, se emite certificado, se factura, se emite la orden de pago a Tesorería y se paga. Si no está la orden de pago, entonces no hay deuda, entonces lo que decimos nosotros no coincide con los números de la deuda flotante", explica el empresario.
Sin embargo, Fernández mantiene la prudencia y dice que "no arriesgaría un número de la deuda. Los adicionales de obras y las redeterminaciones de precios llevan siete u ocho meses. Las obras se continúan y cuando se resuelve administrativamente esa obra por fuera de proyecto, se cobra. No figura como deuda en tesorería, pero es trabajo realizado que no está en condiciones jurídicas de ser facturado".
Fernández dice que “en el IPV están pagando relativamente bien a 30 o 40 días, pero hay apenas 800 casas en ejecución y no se están licitando nuevas. Las obras terminadas en octubre o noviembre, no se han renovado. Ya era grave la situación y la pandemia distorsionó todo”.
A las voces oficiales de las constructoras se suma Marcelo Bargazzi, de la Cámara Argentina de la Construcción: "Estamos totalmente atrasados en los pagos de certificados. A mí me deben $ 160 millones de una obra", asegura, pero luego dice que no tiene números globales del sector y hace un cálculo que, advierte, no tiene rigor matemático ni financiero: "Deben ser más de mil millones de pesos lo que se deben al sector. Ya veníamos mal y cuando empezó el despelote del coronavirus, se plantó todo. Las únicas respuestas es lo que dicen en todos lados: se cayó la recaudación y no hay fondos".
Los sueldos de los estatales
El ministro Nieri dice que la caída de recursos será peor el mes que viene. Explica que a principios de mes cada empresa hace su declaración de ingresos brutos del mes anterior; a principios de abril se canceló el mes de marzo, que tuvo actividad hasta el 19; en mayo llegará el pago de abril, cuando la amplísima mayoría de las empresas estuvo sin trabajar, o sea que muchas pagarán cero pesos.
Como contrapartida, cada mes la Provincia paga unos 7.000 millones de pesos en sueldos, que no bajan como la recaudación. "En tiempos normales la provincia recauda unos 13 mil millones por mes, los sueldos representaban algo más del 50% de los ingresos; con la cuarentena, al caer la recaudación abruptamente, hoy el pago de sueldos representa el 80% de los recursos que ingresan a las arcas del Estado".
Luego señala que desde el inicio de la emergencia se han gastado 1.400 millones de pesos para el combate contra el Covid-19 y que todos los meses el transporte público se lleva casi 1.000 millones.
