Después de 21 años de concesión, el Gobierno Provincial pondrá un pie en la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima -Edemsa-. La provincia participa en el directorio de la compañía con poco menos del 40% de la acciones, pero hasta ahora los tres directores designados solo participaban de las asambleas societarias, y nada tenían que ver con el día a día. Es decir que ocupaban el lugar de "chairman" en la sociedad controlante que tiene como titular al grupo Vila-Manzano.
Tras una larga negociación que tuvo lugar durante la asamblea, que duró tres meses, el gobierno consiguió que finalmente uno de sus directores sea considerado ejecutivo. ¿Qué implica esto? La provincia designará a una persona -con perfil técnico- que tendrá oficina propia en la compañía, con el objetivo de seguir de cerca cada paso de la gestión de la empresa de servicios públicos.
El dato no es menor. Se sabe que Edemsa, desde el 1º de agosto de 1998, tiene a su cargo el suministro y la comercialización de la energía eléctrica en 11 departamentos de Mendoza, lo que implica el control de más del 70% del mercado local. Cuenta con 439.216 usuarios de electricidad. De este total, el 98% corresponden a pequeñas demandas y el restante 2% a grandes clientes.
Según fuentes del Gobierno, el nuevo director ejecutivo puesto por la provincia tendrá como mandato principal optimizar el funcionamiento, gastos y recursos de la empresa.
Al mismo tiempo, deberá continuar con la "auditoría y reestructuración" de los contratos de servicios y proveedores que tiene la compañía (parte de ellos fueron revisados durante estos meses). En conclusión: el objetivo es tener una idea clara de que por qué Edemsa nunca ha podido repartir dividendos entre sus accionistas.
Desde la Provincia advirtieron que en la negociación se incluyó que Emesa (Empresa Mendocina de Energía S.A.) sea contratada para el asesoramiento técnico, una empresa que además es de la provincia. Esto supone que podrá evaluar factibilidad de nuevas líneas, analizar puntos operativos, entre otras tareas.
Se consultó también a la compañía, pero fuentes de la empresa confirmaron que no van a emitir opinión hasta que se informe el resultado de la asamblea a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Deuda y quebranto
Edemsa mantiene una importante deuda de casi $ 3 mil millones con la Compañía Administradora del mercado mayorista Eléctrico (Cammesa), su principal proveedor. El pasivo se formó durante el período que duró el congelamiento tarifario (2014- 2015) en concepto de deuda por "compra de energía" no pagada. El saldo se compone de unos $ 2 mil millones como deuda de capital y $ 1 mil millones de intereses.
En diciembre pasado, Edemsa consiguió un amparo de la Justicia Federal para suspender el pago de la deuda, mientras se resuelve un pedido de "compensación" por los años en los que estuvo congelada la tarifa. Según lo informó la empresa en ese momento, si se tienen en cuenta el dinero no percibido por el atraso tarifario en dicho periodo, "el saldo para la distribuidora, respecto de Cammesa y el Gobierno Nacional, es acreedor.
La compensación fue comprometida por el gobierno nacional, en la Ley de Presupuesto 27.341 del 2017 y por el gobierno provincial, a través del decreto 390/15, pero el mecanismo que le daría equilibrio a las cuentas, nunca se instrumentó.
Lo cierto es que aunque la deuda genera preocupación en el seno del Gobierno, la empresa está negociando su pago. Otras distribuidoras ya han percibido algún tipo de compensación y esperan tener el mismo trato.
Por el otro lado, está el tema del balance negativo, algo que desde la empresa consideraron irrelevante. Es que desde que arrancó la concesión en 1998, Edemsa no ha logrado repartir dividendos. No es un tema que preocupe, según explican, y está relacionado con cómo funciona el negocio de los servicios públicos.
Un abogado, el negociador del Gobierno
Los tres directores que participan en las asambleas societarias por la provincia son Alejandro Neme, Javier Panebianco, Alberto Casteluchi (este último se jubiló y fue reemplazado por Darío Hernández). Sin embargo, quien que se encargó de la letra chica del acuerdo y siguió de cerca cada conversación durante los tres meses que duró la negociación, fue Raúl Romero, un abogado que ha sido funcionario de Alfredo Cornejo.
Romero fue director de persona jurídicas hasta 2018, pero es conocido en el ámbito académico por ser experto en derecho societario. Además es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. En esta última, en la cátedra de Derecho Comercial y Societario.
En detalle
Composición accionaria
-El 51% de los capitales son privados (Grupo Vila- Manzano).
-El 39,48% pertenecen al Gobierno de Mendoza.
-El 9,52% son del programa de propiedad participada.
