"Servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas". Bajo ese título, arranca el capítulo de la "Ley de Movilidad Provincial" que da forma a la posibilidad de que el resistido Uber desembarque en Mendoza, adaptándose a la regulación estatal.
El mismo proyecto también hace modificaciones importantes en cuanto a los taxis: habilita la conformación de "mandatarias" que administren hasta 200 vehículos e impone cambios para mejorar el servicio.
El gobierno de Alfredo Cornejo presentará mañana, en la Cámara de Diputados, la iniciativa que viene a actualizar la ley 6.082 de "Tránsito y Transporte", vigente desde 1993, y seguramente generará polémica y protestas de los dueños de taxis y remises.
El texto generado en la Secretaría de Servicios Públicos, al que tuvo acceso Los Andes, establece un marco regulatorio para todo el transporte en Mendoza: de pasajeros (colectivos, taxis, remises, turístico, institucional, escolar y rural) y de carga (incluidos residuos peligrosos, cargas generales y taxi-flet).
También establece nuevas categorías y sólo el sistema urbano de transporte de pasajeros es considerado un servicio público. Taxis y remises pasan a considerarse "transporte de pasajeros de interés general" (el Estado asigna licencias, regula y fija tarifas) y Uber o similares serán considerados "transporte privado" con regulación estatal.
Esta ley, de aprobarse, tendrá como consecuencia la apertura de un registro que permitirá que se inscriban todos los remises "truchos" (que se estiman son casi tantos como los vehículos habilitados), siempre y cuando cumplan los requisitos fijados. Será una suerte de "blanqueo".
El plan oficial es también otorgar nuevas licencias de taxis porque se considera que las casi 1.460 actuales son pocas y las comparan con las 38.000 que hay en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya funciona Uber hace dos años.
Regulados
Entre los 85 artículos y 46 páginas del proyecto, hay diez artículos y cinco páginas dedicados a las "plataformas electrónicas". Aunque puedan sumarse otros después, el principal destinatario de esa regulación por ahora es Uber, que ha hecho sondeos para instalarse en Mendoza dos veces y se encontró con el "no" del Gobierno y la resistencia obvia de taxistas y remiseros.
Uber desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2016 y desde entonces captó en la capital argentina y sus alrededores a 35.000 conductores y más de 2 millones de usuarios registrados. Pero también se ganó el odio (con palizas incluidas) de los taxistas y el desconocimiento del gobierno porteño, además de una ofensiva judicial en su contra.
En Chile, al parecer es peor: el miércoles último a la madrugada, un carabinero le pegó dos tiros a un conductor de Uber que se negó a parar el auto en el aeropuerto, durante un control vial.
En el Gobierno provincial aclaran que si hasta ahora no llegó Uber fue porque entendieron el mensaje transmitido en dos reuniones que tuvieron: si operaban sin autorización, iban a ser perseguidos oficialmente con menos pasividad que en Buenos Aires.
Esa tensión es lo que se pretende evitar con esta ley, que marcaría un antes y un después en el país para la aplicación. En un comunicado reciente, Uber justamente pidió sentarse con las autoridades argentinas a negociar una regulación, aunque aclaró que la falta de reglas específicas "no significa prohibición".
El artículo 52 del proyecto mendocino, a modo de introducción, define a las plataformas electrónicas como "una actividad privada de interés público" y aclara que los dueños de los autos registrados deberán cumplir con el pago de tasas de contraprestación (o canon) por la habilitación. El monto será fijado por la Ley Impositiva y deberá ser retenido por las empresas que los agrupen.
En los siguientes artículos, se define que el permiso de explotación, ineludible para poder dedicarse a esta actividad, será "precario y revocable" (a diferencia de taxis y remises, cuya licencia dura diez años) y que ninguna persona podrá ser titular de más de uno.
El Estado podrá limitar la cantidad de vehículos bajo este sistema y creará un registro de los autos, los permisionarios, las empresas de redes de transporte y las plataformas electrónicas.
A diferencia de los taxis y remises, la tarifa la fijarán los prestadores del servicio y no el Estado (si ganan o pierden corre por su cuenta) y los autos sólo podrán transportar a los pasajeros que se contacten a través de la aplicación y no podrán "levantar" clientes en la calle.
En el comunicado antes mencionado, Uber aclaró que no es taxi ni remís, sino "una empresa de tecnología que globalmente conecta usuarios y socios conductores para que moverse en las ciudades sea una experiencia mejor y más fácil".
Pero está claro que si llegara a Mendoza no va a ser bienvenida por taxistas y remiseros. Para contener la presión que éstos harán contra el proyecto, desde el Gobierno ya empezaron a sondear a legisladores propios y opositores. Dicen que la idea no cayó mal.
Una marca para todos
El proyecto de ley incluye la "institucionalización" de la marca Mendotran como identidad del servicio de transporte en el área metropolitana del Gran Mendoza. Deberá estar en cada colectivo, taxi y parada.
Los requisitos
Sólo a través de la aplicación. Uber o sus similares deberán cumplir con una serie de exigencias, como asignar pasajeros sólo a los autos registrados, no despachar viajes por más de 8 horas corridas a un conductor ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día, así como exigir y fiscalizar que los dueños de permisos cumplan con las obligaciones tributarias, previsionales y reglamentarias correspondientes.
Vehículos más nuevos y de hasta ocho pasajeros. Para prestar este servicio, también se establece que los autos podrán tener una antigüedad máxima de cinco años y de 10 los eléctricos, deberán estar registrados en la provincia de Mendoza y tener una capacidad máxima de ocho pasajeros.
Condiciones para la habilitación. Los dueños de los permisos deberán realizar la verificación técnica vehicular en el plazo que fije la reglamentación de la ley, acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales propios y de sus conductores si los tuvieran, así como contar con póliza de seguro contra todo riesgo que cubra a terceros, conductor y pasajeros.
Un canon al Estado para poder circular. El Estado cobrará un canon a todos los registrados para permitir que operen en la provincia. La aplicación deberá permitir a los usuarios la evaluación de los conductores y en caso de que alguno no cumpla con la calificación mínima requerida, deberá tramitar su baja. Además, los dueños de los permisos, los conductores y las empresas serán "responsables solidarios" por los daños que ocasionen a terceros o usuarios por la prestación del servicio.
