El Gobierno nacional descartó la posibilidad de disponer por decreto presidencial una emergencia alimentaria nacional ante el agravamiento de la situación social como consecuencia de la inflación desatada tras la devaluación desatada por el resultado de las primarias del 11 de agosto.
Sin embargo se avino a la posibilidad de acordar mejoras parciales para atender a sectores que no fueron alcanzados por las medidas paliativas que instrumentó las últimas semanas, entre ellos los desempleados. También a discutir el monto y la forma de un bono que alcanzaría a todos los trabajadores.
Así pudo saberlo ayer este diario de fuentes gubernamentales y sindicales tras la reunión que los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, mantuvieron con "la mesa chica" de la CGT encabezada por sus cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña. Junto a éstos también participaron: Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (estatales UPCN), Armando Cavalieri (comercio) y Gerardo Martínez (Uocra).
La ministra Stanley fue la encargada de descartar la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri decrete la emergencia alimentaria. La presión en ese sentido se redobló los últimos días a partir del reclamo de sectores diversos, desde la Iglesia Católica y las organizaciones sociales hasta la casi totalidad de la oposición legislativa.
Incluso la propia CGT el jueves pasado hizo pública una carta abierta dirigida a Macri en la que le pidió su instrumentación en forma urgente para atender "la grave situación social que atraviesan los ciudadanos sumergidos en la pobreza e indigencia" como consecuencia de "la inflación y la devaluación de la moneda local".
Dijo Stanley a la salida de la reunión en la sede de su ministerio: ""Lo alimentario lo tiene que definir el Congreso, hay distintos proyectos y se debe tratar en ese marco".
