Por Carlos Sacchetto - corresponsalía Buenos Aires
Dominado y hasta condicionado por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, a 42 días de las elecciones legislativas, el escenario político nacional está instalado sobre un terreno movedizo para todos los actores. Las dudas, los interrogantes sin respuestas, las torpezas comprobadas y la falta de escrúpulos de quienes especulan de manera miserable con él, terminan por banalizar el grave significado del episodio.
Los grandes intérpretes de esta historia son básicamente tres. Uno es el oficialismo en todos sus niveles, desde el Gobierno hasta sus adherentes, que desde un principio minimizaron la importancia del hecho.
Lo dijo a mitad de semana alguien incondicional con el presidente Mauricio Macri como es el radical Ernesto Sanz, que participa de reuniones decisivas en el poder: “Acá hubo algún error de comunicación o de manejo. Debió haber habido un involucramiento mucho más fuerte de la Casa Rosada”. Su declaración no cayó bien en algún sector de Cambiemos, pero refleja una verdad irrefutable.
Otro actor es la oposición kirchnerista, conducida por la ex presidenta Cristina Fernández, que quiere imponer a toda costa que el Gobierno tuvo participación directa mediante la acción represiva de Gendarmería y cubre su culpa con un manto de impunidad. “Con la desaparición forzada de Maldonado, Macri busca disciplinar la protesta social para profundizar el ajuste”, afirman en Unidad Ciudadana y se ilusionan con que ese temor se traducirá en mayor cantidad de votos propios en octubre.
El tercer actor es el resto de la sociedad democrática, que contempla indignada de qué manera se bastardea, por errores o en forma deliberada, el valor de una persona y su derecho a vivir en libertad si no está al margen de la ley. Pareciera que la famosa grieta ya no divide en dos sino en tres, con ese tercer sector harto de la confrontación entre los dos primeros.
Los números
¿Cómo se traduce el caso Maldonado en perspectiva electoral? Esto ocupa tanto al oficialismo como a la oposición y ya circulan de manera reservada encuestas colectadas hace pocas horas.
A diferencia del kirchnerismo, en el Gobierno aseguran que si la situación del artesano desaparecido se mantiene indefinida, no habrá impacto en las urnas. Lo hacen porque una abrumadora mayoría de encuestados responde “No” a la pregunta sobre si este caso le haría cambiar su voto.
En Unidad Ciudadana ponen en duda esa interpretación, aunque admiten que los primeros sondeos después de las primarias en la provincia de Buenos Aires consolidan la posibilidad de triunfo del oficialismo por dos o tres puntos de diferencia sobre Cristina. En la Casa Rosada son más optimistas todavía y ubican entre seis y ocho puntos la ventaja que lleva Esteban Bullrich a la ex presidenta.
Otro dato interesante sobre lo acontecido hasta ahora con la desaparición de Maldonado es la actuación del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila. Una importante fuente de Tribunales en la Capital Federal deslizó un comentario ilustrativo: “¿Se acuerda de la ex fiscal Viviana Fein, que estuvo a cargo de la investigación de la muerte de Alberto Nisman? Bueno, es algo parecido”. Quiso decir que la impericia, la torpeza y las indecisiones caracterizan a la media de la Justicia argentina y que los funcionarios de Esquel forman parte de esa media.
Que un juez federal no tenga el coraje de entrar a investigar un caso tan trascendente en un territorio ocupado por pobladores mapuches, pero dentro del Estado argentino, revela una de las razones por las cuales la Justicia está tan desprestigiada.
Varios frentes
La semana también aportó otros datos que dan cuenta de la marcha del país y que fueron visualizados como positivos por la Casa Rosada. Uno es la decisión de los sectores sindicales nucleados en la CGT unificada de postergar sin fecha el anuncio del paro que se había mencionado en el último acto callejero. Las disputas internas, la violencia que aparece en las movilizaciones y la evaluación de los resultados electorales de las primarias, que muestran al Gobierno fortalecido, fueron razones suficientes para calmar a los más combativos y hacer buena letra.
Otro hecho que marca la intención del Gobierno de llegar en paz a las elecciones de octubre fue el arreglo con las organizaciones sociales que habían planificado una movilización para el jueves frente a los hipermercados. La desactivaron, luego de que la ministra Carolina Stanley prometiera ejecutar el presupuesto de la ley de Emergencia Social.
También se destacó la cumbre de gobernadores que se oponen al planteo bonaerense ante la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación federal. María Eugenia Vidal quiere que se actualicen los montos que recibe y, si eso ocurre, el aporte debería salir de los otros Estados provinciales. Los 21 mandatarios que se reunieron pidieron al Máximo Tribunal que no dictamine porque no se trata de un tema jurídico sino político. Quieren que se busque y se avance con una negociación entre las partes que incluya al Senado. En la Corte el tema irá para largo.
Y finalmente, el fiscal Gerardo Pollicita pidió al juez Claudio Bonadío que indague a Cristina Fernández como sospechosa de encubrir a los imputados iraníes por el ataque a la AMIA. La acción está basada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La citación y el probable procesamiento de Cristina, que considera a esta causa como la más importante en su contra, no sería antes de las elecciones. Pero, ¿podrá asumir como senadora en diciembre?
