En las próximas horas ingresará a la Legislatura un pedido de prórroga de la emergencia en seguridad cuya vigencia finalizó el domingo.
Inicialmente sería por 6 meses hasta el 31 de diciembre de este año pero el Ejecutivo no descarta que en la discusión legislativa la prórroga se estire hasta fines de 2018.
El gobierno argumenta en favor la reducción de los tiempos de contratación de 6 a 3 meses y la agilidad para conseguir el nuevo equipamiento policial. Presentó una estadística que muestra sensibles reducciones del delito del 24 al 42 por ciento en un año. Y no pidió nuevos fondos hasta fin de año.
La ley permite sustituir los mecanismos de licitación por otros simplificados de contratación directa bajo control de Contaduría, supervisión de Fiscalía de Estado, publicidad e informes a la Legislatura.
Fue aprobada por 18 meses con acuerdo de Cambiemos y el Frente para la Victoria el primero de marzo de 2016. Y autorizó contrataciones directas por 561 millones sobre el total de 1.206 asignados a la Seguridad 2017.
Sin la presencia del ministro Gianni Venier, cuatro funcionarios de Seguridad informaron ayer en la Legislatura. Asistieron el jefe de Gabinete Hugo Sánchez; el subsecretario de Relaciones Institucionales Néstor Majul; el director de Administración, Diego Lázaro y el director de la Policía, Roberto Munives.
La Comisión Bicameral -que desde ayer preside el justicialista Luis Böhm- recibió una rendición de cuentas que incluyó una inversión en 120 móviles inteligentes; 320 móviles con reconocimiento biométricos; equipamiento para 200; 30 con reconocimiento de patentes y 20 con reconocimiento facial; 10 scanners fijos y móviles; 9.700 uniformes de combate y borceguíes; 6.500 chalecos antibalas; 1.000 pistolas 9 milímetros y 1.500.000 municiones. Asimismo se informó sobre "la reparación de 75 con ley de emergencia".
Una estadística oficial mostró que el robo agravado con arma cayó un 38% entre julio de 2016 (842 casos) y julio de este año (457). Y exhibió bajas en homicidios (-30%); robo simple (-42%) y sustracción de automotores (-24%).
“Son datos de unidades fiscales y comisarías de toda la provincia”, subrayó Sánchez. En el ministerio agregaron que “no es que seamos Gardel, es que veníamos de cifras muy altas de delito”. Y hacen hincapié sobre la política de prisiones preventivas.
“No vamos a formular opinión hasta no recibir el detalle del informe con los niveles de ejecución”, dijo Böhm y evitó un pronunciamiento temprano tanto sobre el pedido de prórroga como sobre las estadísticas presentadas.
Remarcó también que el pronunciamiento del PJ surgirá de las respectivas reuniones de bloque tanto en Diputados como en Senadores.
Remarcó que “el tema de la inseguridad nos sigue preocupando y mantenemos el espíritu de colaboración para ayudar a resolverlo”.
Aunque perfiló que el PJ se tomará “un tiempo necesario de análisis” antes de pronunciarse.
