Sociedad
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hace 10 horas
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, solicitó hoy que el Congreso sancione "sin mayores dilaciones" las leyes de acceso a la información pública y en casos de corrupción, la que se conoce como la "del arrepentido" y la llamada "de extinción de dominio", cuyo objetivo es "recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar".
Además, consideró que es "imperioso que el Congreso comience a debatir una modificación de la Ley de Ética Pública", al tiempo que recordó que "la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, junto al paquete de la llamada 'Democratización Judicial', distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito".
En este sentido, la funcionaria se refirió al Índice Anual de Percepción de la Corrupción realizado por Transparency Internacional, que ubicó al país en el puesto 107 en un ranking de 168 países y señaló que "la transparencia es un antídoto contra la corrupción y vamos a usarla para que los argentinos vuelvan a confiar en sus gobiernos y para que el mundo lo haga en la Argentina".
"Es nuestro objetivo mejorar la calificación de la Argentina en cuatro años", expresó Alonso y adelantó, a través de un comunicado, que pedirá al Congreso que sancione "sin mayores dilaciones" tres leyes.
Se trata de una ley de acceso a la información pública "que cumpla con los estándares internacionales" y las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio "para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar".
"El Congreso tiene la oportunidad de revertir esta tendencia y confiamos en que los legisladores sabrán comprender que esta es una necesidad de la Nación y no de un gobierno particular", agregó.
Con relación a la propuesta de modificar la Ley de Ética Pública, la ex diputada indicó que la reforma que impulsó en su momento el kirchnerismo buscó "evitar el control patrimonial a los funcionarios que estuvieron años en el poder y que tendrían dificultades para explicar su patrimonio".
Al respecto, expresó que "este año recién conoceremos información patrimonial del 2014, con el sistema anterior esto no sucedía: de estar vigente, hoy tendríamos información patrimonial de los funcionarios salientes al 31 de diciembre de 2015".
