El Gobierno provincial decidió cesantear a una empleada estatal, una de las encargadas del Registro Civil de Malargüe, por irregularidades y maniobras fraudulentas en la venta de códigos para trámites como partidas de nacimientos o defunciones y actas matrimoniales, entre otros. Claudia Marcela Lucero, luego de una investigación administrativa que duró más de cuatro años, fue echada de su trabajo y no podrá acceder a cargos en el Estado en el próximo lustro.
La decisión fue tomada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, tras la recomendación de la Junta de Disciplina, que entendió que hubo pruebas concluyentes a partir de la investigación de la inspectora de la Zona Sur del Registro Civil, Marcela Cerda de Torres, y también casos testimoniales que se requirieron. La mujer fue notificada el viernes, mientras que mañana el decreto saldrá publicado en el Boletín Oficial.
Según se explicita en el decreto 1124/19, Lucero utilizaba varias veces un mismo código del Registro Civil, o bien ponía códigos diferentes (que no correspondían) al abonado por la persona que hacía el trámite, y luego los vendía a otros usuarios que iban a la dependencia malargüina.
"Habían códigos duplicados; en el mismo escritorio se pudieron encontrar pedacitos de otros códigos que los cortaban, pegaban un pedacito en el trámite y el resto lo utilizaban para otro trámite", relató a Los Andes el ministro Nieri.
El sumario administrativo se inició en setiembre de 2014, cuando Cerda de Torres dio cuenta de esa situación. En paralelo hubo una investigación penal por fraude en perjuicio de la administración pública, aunque si bien la empleada no fue absuelta, quedó sobreseída por el Tribunal Penal Colegiado 1 de San Rafael. La diferencia es que el sobreseimiento no va al fondo del asunto, sino a sus aspectos formales o previos, y puede ser revisable.
“Se probó en forma objetiva el hecho que motivó el informe previo a la apertura del sumario, que es la mala utilización de los códigos en actas; quedaría por probar la responsabilidad subjetiva. Los informes de la inspectora como las pruebas testimoniales coinciden en que la agente Lucero era quien se encargaba de esta tarea”, dispuso la Junta de Disciplina, que agregó que se encontraron partes de códigos recortados y que “algunos testigos afirmaron que los pegaba pero también que los vendía”.
Nieri agregó que Lucero era la responsable de estos códigos y que se determinó la cesantía debido a que fue sobreseída "por una cuestión de plazos". La otra alternativa era directamente la exoneración, figura en la cual se da la baja y no se pueden aspirar a cargos públicos por 10 años.
Con esta, en los tres años de gestión de Cornejo han habido 261 cesantías en el Estado provincial.
Nieri remarcó también la cantidad de tiempo de investigación que llevó a la definición, casi cinco años, y la comparó con la flamante Oficina General de Sumarios, que comenzó a funcionar el 1 de marzo y que ya analiza 43 sumarios administrativos. El objetivo principal es acortar los plazos, que anteriormente podían durar hasta diez años, y rebajarlos a solo seis meses.
La expectativa del ministro es que, además de hacer más eficiente el trabajo de la oficina, se le otorgará más independencia, ya que está compuesta por cinco abogados que no tienen relación con los investigados.
Nieri afirmó también que lo importante es “poner en valor a la gran mayoría de los empleados, que son los que actúan bien. Esto hace mucho daño y hay que inmediatamente hacer un sumario”.
"No hay que poner un manto de duda sobre el empleado estatal, pero el que comete irregularidades debe ser sancionado", finalizó.
