El Gobierno provincial cesanteó al legislador de Protectora, Marcelo Romano, de un cargo de planta reservado que tenía en el Estado provincial, en el Ministerio de Economía, por "no regresar a cumplir funciones ni renunciar en tiempo y forma". Para el senador, se trata de un caso de "persecución política".
Según el decreto 2880, publicado ayer en el Boletín Oficial, Romano "no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio".
En el Poder Ejecutivo destacaron que la Subdirección de Recursos Humanos de Economía notificó a Romano el 26 de septiembre del año pasado "para que remitiera toda la documentación para continuar con la reserva del cargo, bajo apercibimiento de iniciar sumario. Pero ante el incumplimiento de lo anterior, la notificación fue reiterada el 6 de febrero de 2019".
La historia
Romano ganó cierta relevancia pública como abogado de regantes durante el gobierno de Francisco Pérez. Ya era empleado del Ministerio de Infraestructura y Energía, tenía una clase 12 (la más alta del escalafón estatal es la 13). En setiembre de 2012 pidió licencia sin goce de haberes porque había entrado como asesor de la entonces senadora nacional Laura Montero, cargo temporario que tuvo hasta el 1 de enero de 2015, cuando ingresó a la planta permanente del Senado nacional en la categoría A1, la más alta del escalafón del Senado (actualmente esa categoría tiene un sueldo bruto de 130 mil pesos, sin considerar adicional por título).
Cómo se dijo, Romano fue nombrado el 1 de enero del 2015 en planta permanente del Senado de la Nación, dejando de ser asesor de Montero. Acá surge el problema: de acuerdo a la ley 5.811 se puede reservar un cargo de planta permanente mientras cumple una tarea temporaria de mayor relevancia (sea sindical, política o en la administración pública).
Pero a partir de enero de 2015 Romano tiene dos cargos de planta permanente, uno en Mendoza y otro en el Congreso nacional, cosa que está prohibida por el artículo 13 de la Constitución provincial: "nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional".
Según la instrucción sumarial, terminado su trabajo temporario de mayor jerarquía, Romano “no se presentó aún hasta 30 días después de haberse producido la cesación de la causa que motivara la reserva de empleo”. También se acota “incumplió con su deber de declarar al Estado provincial el cambio de su situación de revista, es decir, cuando obtuvo el pase a planta permanente en el Senado de la Nación y, con ello, el deber de encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad”.
El año 2015 fue agitado para el ahora senador de Protectora. Meses más tarde de lograr su puesto de planta permanente en el Senado, fue candidato a intendente de San Carlos por Cambia Mendoza en las elecciones 2015, impulsado por Montero, quien entonces competía por la vicegobernación.
En 2017 Romano se alejó del radicalismo y fue candidato a senador provincial por Protectora fuerza política.
En el decreto se indica que Romano pidió licencia sin goce de haberes en el Congreso el 23 de abril de 2018, cuando asumió como senador provincial. Es decir que ambas campañas electorales las hizo estando activo como empleado de planta del Congreso.
“Es una persecución política sin precedentes”
El senador de Protectora sostuvo que este caso "se trata de una persecución política sin precedentes en la provincia", y expresó que no le extraña "viniendo del entorno oscuro de Cornejo, que deja mucho que desear en el ámbito moral y ético".
Romano aseguró que la noticia tiene un objetivo: "tengo que estar callado justo ahora que está el debate de la 7.722 y que es necesaria la reforma para los intereses del sector megaminero".
“No solo Romano se ha opuesto a la reforma de la 7.722, sino también al fracking, que Cornejo autorizó, y que después de la autorización le bajó del 12% al 9% las regalías a la empresa El Trébol”, acusó el senador.
También dijo que fue él quien denunció un la Revisión Técnica Obligatoria por irregularidades, al igual que el complejo Penitentes, "que se los dieron a un grupo de amigos"; y lo mismo con el "mamarracho" del Mendotran.
“A Marcelo Romano lo quieren quieto y callado. Es el senador que le pidió al nuevo Gobernador (Rodolfo Suárez) que llamara a un plebiscito vinculante si estaban a favor o en contra” los mendocinos de la minería.
