Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
Como si los problemas que no alcanza a resolver la gestión fueran pocos, el Gobierno llegó a Semana Santa atravesado por fuertes debates internos capaces de producir elevado desgaste. Uno de ellos se localiza sobre un tema por demás sensible como es la política monetaria impuesta por el Banco Central y sus consecuencias, directamente relacionadas con el nivel de actividad económica y las posibilidades de crecimiento.
Aunque reconocen que las tasas de interés altas contienen la inflación y mantienen planchado al dólar evitando así la desvalorización salarial, las áreas más políticas de la Casa Rosada temen que si esta situación se prolonga demasiado tendrá un inevitable efecto electoral. Hasta Elisa Carrió, co-fundadora de Cambiemos, ha pedido explicaciones a Federico Sturzenegger, titular del Central.
La diputada, cuya candidatura para las elecciones legislativas es una prenda de esperanza para el oficialismo, plantea que esa política afecta a las pequeñas y medianas empresas, motores fundamentales para dinamizar la economía en todo el país. Es una bandera que levanta casi a pleno la oposición y que Carrió no quiere dejar en manos ajenas.
Cada día que pasa otros integrantes del Gabinete se suman al mismo reclamo, pero hasta ahora Mauricio Macri ha respaldado no sólo la independencia de la autoridad monetaria sino también sus decisiones. Antes de iniciar su descanso del feriado largo, el Presidente mantuvo el miércoles una reunión clave con los coordinadores Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, con el agregado del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Con mucha cautela, voceros del Gabinete adelantaron que en los próximos días habrá una flexibilización de la política monetaria con una baja de la tasa de interés incluida. ¿Significará eso que Sturzenegger seguirá el camino de Alfonso Prat Gay y tantos otros que se alejaron de la gestión por no ceder en sus convicciones?
Los extraños
Otro de los debates intensos en el interior del Gobierno viene de hace mucho tiempo pero en la última semana se potenció al máximo cuando la Jefatura de Gabinete pidió al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, que echara al Director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Cacetta. El motivo sería la existencia de hechos de corrupción por debajo del funcionario desplazado, cometidos por parte de la estructura que había nombrado la gestión anterior.
En realidad, este problema de la permanencia del kirchnerismo en el actual funcionariado se extiende a gran parte del gobierno macrista. Hay subsecretarios, directores, subdirectores y jefes de organismos oficiales, como también delegados regionales de entes federales, que quedaron en sus puestos al cambiar la administración en diciembre de 2015.
Las razones son obvias. Tras ser un partido vecinal de la Ciudad de Buenos Aires, el Pro llegó rápido a la jefatura de Gobierno, y unos pocos años después liderando Cambiemos asumió no sólo la administración nacional sino también la gobernación bonaerense. La cantidad de cuadros políticos y técnicos que se necesitan para cubrir todas las áreas de esas tres jurisdicciones, es inmensa.
Por esa razón, al comienzo de la gestión, Macri prefirió que, cuando se tratara de funcionarios idóneos y honestos y no fueran sólo militantes kirchneristas, continuaran en sus puestos. En el Incaa hay todavía una estructura con manejos irregulares que Cacetta no había desmantelado, pese a que estaba entre sus prioridades.
Ahora, el Presidente ha pedido revisar los organigramas de cada ministerio y que los titulares de esas áreas propongan un plan para avanzar sobre lo que la Casa Rosada llama “las rémoras”. Una oportunidad para el radicalismo, que viene reclamando mayor participación dentro del gobierno de Cambiemos y dice contar con cuadros capacitados para los remplazos que haya que hacer.
Una salida
A la espera de que las leves mejoras que registran las estadísticas económicas se hagan perceptibles para la sociedad, el oficialismo ganó la semana pasada una cuota extra de optimismo. La situación de la procuradora general Alejandra Gils Carbó parece encaminarse hacia un destino de juicio político, único instrumento constitucional válido para removerla.
Un hecho de corrupción en la compra de un edificio, que involucra a la jefa de los fiscales de modo personal, podría convertirse en un verdadero escándalo. El miércoles pasado, en un operativo inédito, fueron allanadas cuatro dependencias de la Procuración General y se incautaron equipos informáticos. De confirmarse las pruebas que evalúa el juez federal Julián Ercolini, el caso puede hacer temblar al entramado kirchnerista que anida en la Justicia.
En paralelo, y para acallar otro escándalo pero de menor proporción, el Gobierno volvió a bajar el tono a las denuncias de Carrió y el propio Macri salió a despegarse del pedido de juicio político que hizo la diputada contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. También desde la Casa Rosada se ha pedido al Consejo de la Magistratura que haga lo necesario para que la jueza María Servini permanezca en su puesto hasta que ella decida irse.
Servini, que tiene 80 años, eludió con una cuestionable disposición de la Justicia de Seguridad Social la obligación impuesta por la Corte de que los magistrados deben retirarse a los 75 años. La importancia de este episodio radica en que el juzgado de Servini tiene competencia electoral y el sistema bajo el cual se realizan los comicios en el país está lleno de problemas.
Esto sucede justo a pocos meses de que se celebren las elecciones primarias de agosto y las parlamentarias de octubre. El tiempo no da para mover mucho la estantería.
