La principal objeción para que los presos alojados en los penales de Mendoza trabajen es si existe la infraestructura necesaria para que lo hagan los 2.600 internos condenados. Desde el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía responden con los 2.200 millones de pesos que se están invirtiendo en obras para mejoras en las cárceles.
El ministro Martín Kerchner jura que hay 14 obras en carpeta que suman ese monto de inversión y que, cuando estén concluidas, todos los condenados tendrán lugar para trabajar.
El anuncio de Cornejo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura desató la polémica y las dudas. Por ejemplo, en los últimos días Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de la libertad, aseguraba que alrededor del 20% de los presos trabajan, pero que son más los que quieren hacerlo.
Desde la oposición no faltan quienes susurran que hay grandes empresas de Mendoza, con infraestructuras enormes, que dan trabajo a 400 o 500 personas, y que esas infraestructuras son demasiado grandes al compararlos con los talleres con los que actualmente cuentan los penales mendocinos.
Catorce obras en carpeta. Dos obras están en ejecución y dos que están en proceso licitatorio abierto, que comenzarán en los próximos meses. Como contrapartida, estas dos últimas en proceso licitatorio son las inversiones más fuertes que encarará la provincia y que tendrán un fuerte impacto económico y también en las condiciones de alojamiento de los presos mendocinos.
En el caso de A?lmafuerte II, los pliegos ya están disponibles y se espera que las ofertas se conozcan en junio. Para la nueva cárcel federal, su llamado a licitación se publicará este fin de semana.
Almafuerte II implica una inversión de 1.240 millones de pesos; la cárcel federal de Cacheuta otros 600 millones de pesos. Ambas se construirán a metros del complejo penitenciario Almafuerte I, en Cacheuta. Las propuestas deben contemplar el 'compre mendocino'.
Las dos obras en ejecución son refacción de pabellones en San Felipe por 9 millones de pesos y oficinas y salas de audiencia para magistrados en Boulogne Sur Mer por $ 3 millones.
El resto de las 14 obras son proyectos que tienen distinto grado de avance. Por ejemplo las refacciones en la Unidad 3 de El Borbollón (cárcel de mujeres) están para licitarse próximamente y el presupuesto es de casi 11 millones de pesos.
En las mismas condiciones está la terminación de la Colonia Penal Sixto Segura de San Rafael, por casi $ 32 millones, y la recuperación de la Alcaldía de Boulogne Sur Mer, por $ 20 millones.
En etapa de aprobación del proyecto para licitar están tres intervenciones que avanzan juntas y serían licitadas juntas. Se trata de trabajos en el edificio de administración y aulas y talleres en San Felipe, más otras oficinas de Boulogne Sur Mer que suman 66 millones de pesos.
En proyecto están refacciones en el penal de San Rafael ($ 8 millones) y en la granja penal de Gustavo André $ 8 millones). En las mismas condiciones está la planta de tratamiento de efluentes de Almafuerte ($ 60 millones), proyecto en el que se está haciendo la declaración de impacto ambiental y se espera el visto bueno de Aysam para terminarlo.
De más lejana concreción están las propuestas en anteproyecto: alcaldía de Tunuyán ($ 24 millones), el centro de formación penitenciaria de San Felipe ($ 25 millones) y la alcaldía del Hospital El Sauce ($ 8 millones).
En detalle
En ejecución: refacción de pabellones San Felipe ($ 9 millones) y las salas de audiencia Boulogne Sur Mer por $ 3 millones.
En proceso licitatorio: Almafuerte II por $ 1.240 millones y la federal por $ 600 millones.
Listas para licitar: las refacciones en la Unidad 3 de El Borbollón, en la Colonia Penal Sixto Segura de San Rafael y la recuperación de la Alcaldía de Boulogne Sur Mer.
