El Gobierno había anunciado con bombos y platillos la reforma integral del Código Penal, sancionado en 1921 y cambiado parcialmente unas 900 veces, pero finalmente terminará mandando al Congreso otro "parche": pedirá incorporar tan sólo tres de los 540 artículos del anteproyecto elaborado por una comisión de juristas.
Se trata de la imposición de penas de prisión para quienes corten calles en protestas y para quienes arrojen proyectiles, así como una nueva sanción para el ingreso de extranjeros condenados.
Según pudo saber este diario, el Gobierno mandará proyectos para proponer esas tres incorporaciones a la ley penal, de modo que quedará afuera todo el resto de la reforma del Código, cuyo anteproyecto ya está listo desde hace varios meses y fue encargado a una comisión de juristas.
Entre las propuestas que quedarán afuera figuran la flexibilización de la ley en lo referido al aborto y la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, así como la de autocultivo de cannabis.
Por otra parte, a 25 días de que finalicen las sesiones ordinarias, los senadores y diputados consultados por Los Andes coinciden en señalar que ya no hay margen para debatir cambios a la ley penal este año, con lo cual la discusión de estos tres artículos empezará recién dentro de cuatro meses.
En agosto Mauricio Macri tenía previsto mandar al Senado la reforma general del Código Penal. El anteproyecto ya estaba listo. Pero finalmente postergó el envío debido a la firme oposición de los grupos conservadores a la posibilidad de que la propuesta incluyera la despenalización del aborto.
Noviembre era el mes elegido para la presentación formal del anteproyecto. Pero al parecer Macri decidió congelar la reforma integral de la ley y, en su lugar, proponerle al Senado la incorporación de sólo tres artículos.
Artículos
Los Andes tuvo acceso en exclusiva a los artículos que propondrá el Ejecutivo, que aún no ingresaron por Mesa de Entradas de la Cámara Alta.
El primero es el artículo 192 del anteproyecto, que establece penas de seis meses a tres años de prisión a quien, "aun sin crear un peligro común, empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un medio de transporte público" y a quien, "aun sin crear un peligro común, ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir o entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos de comunicación telefónica, radiofónica, satelital o electrónica, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas o resistiere con violencia su restablecimiento".
Además, en el título "Atentados contra la seguridad pública", el Poder Ejecutivo propondrá como artículo 208 del nuevo código la pena de prisión de un mes a dos años "al que, en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona, de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, siempre que no resulte un delito con pena más grave". La pena aumenta de seis meses a tres años de prisión si estos proyectiles "estuvieran dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, cargo o condición".
"El endurecimiento del aparato represivo no hace más que empeorar la situación", dijo Daniel Menéndez, coordinador de la organización Barrios de Pie, tras conocer la propuesta que enviará el Ejecutivo al Parlamento.
Extranjeros
El tercer artículo que propondrá el Gobierno es el 419 del anteproyecto, que establece una pena de entre uno y cuatro años de prisión para quien incumpla la prohibición de ingresar al país estando condenado. Esta propuesta gubernamental para el Código Penal se complementa con su intención de endurecer la ley migratoria para limitar el ingreso de extranjeros.
Como anticipó este diario en julio, el anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por la comisión de expertos tiene 540 artículos, 224 más que el código actual.
"Es necesario avanzar en la reforma del Código Penal, tenemos un código de 1921, que se ha ido parchando pero que necesitamos que se adecue a los nuevos desafíos de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, con fuertes sanciones", dijo a Los Andes el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza).
