En un mes, las provincias de La Pampa y Mendoza se deberán reunir nuevamente, con la intención de encontrar un acuerdo que desactive el juicio iniciado por nuestros vecinos, por el uso de las aguas del río Atuel.
Pero la provincia no quiere ir sola: días atrás dio a conocer que existe la posibilidad para todos aquellos que quieran constituirse en amicus curiae (amigos del Tribunal), una figura legal por la que se suman opiniones que “humaniza” la decisión de la Corte. El plazo para presentar el escrito que fundamente el apoyo a la causa mendocina es el miércoles 24.
Hasta ahora, hay algunos anotados, como la Universidad Nacional de Cuyo, pero la idea es que haya más y, en este punto, algunos asoman. El diputado radical Gustavo Villegas, adelantó que el municipio de General Alvear, conducido por Walter Marcolini (UCR), será uno de los “amigos”, además de regantes y él como particular. También Aldo Guarino Arias, un abogado especialista en el agua, hará su aporte.
La iniciativa fue impulsada, a través de una acordada, por el ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. La intención, según explicaron, es que el conflicto no sólo sea una preocupación en el sur provincial, sino que toda la provincia esté detrás de la causa. Algo similar a lo que ocurre en La Pampa, en donde el tema es casi una cuestión de Estado provincial.
“No queremos hacer una ‘malvinización’ y llegar al extremo pampeano, pero sí hacer visible la posición mendocina en el pleito”, destacó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
“El amicus curiae es una figura por la que se presentan personas, organizaciones, universidades, entre otros, y dicen cómo pueden ser o no perjudicados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el radical.
Justamente, en esta instancia, está la pelea por el río Atuel. El conflicto de años, fue judicializado por La Pampa, que demandó a Mendoza por “los daños ambientales y perjuicios” que le causó el hecho que el caudal no sea suficiente pasando la frontera mendocina.
La situación en la provincia vecina ha sido tomada tanto desde el costado ambiental como del político, tema de campaña en distintas oportunidades. En las últimas novedades, el juicio avanzó y el próximo 14 de junio, a las 10 de la mañana, se realizará la audiencia pública informativa y conciliatoria, en la que se intentará alcanzar un acuerdo entre las partes.
Según confirmó Garay, el mismo gobernador, Alfredo Cornejo, estará presente en la defensa mendocina que se transmitirá en vivo por internet. En la audiencia también participarán, haciendo uso de la palabra, algunos de los anotados para sumarse a la causa mendocina.
“La audiencia tiene dos partes: una informativa, en la que la Corte le pregunta a las partes sobre sus posicionamientos, y otra de conciliación”, explicó el funcionario.
Claro que, como todo acuerdo, requiere que todas las partes avancen en una misma dirección, algo que está en duda por el lado pampeano, teniendo en cuenta el componente político. En el caso que la provincia limítrofe no quiera llegar a un punto en común, la instancia de juicio continuará su curso.
Desde el lado mendocino saben esto, y van a esta instancia de audiencia sin muchas expectativas de resolución. Es que como confirmó Garay, La Pampa ya adelantó que rechazará el acuerdo.
Pero, de darse el improbable acuerdo, esto significaría avanzar con un plan de obras, financiadas por la Nación, que solucione el aprovechamiento del agua. “El problema es que las políticas públicas pampeanas siempre han destinado los recursos a La Pampa húmeda”, consideró Garay.
“Hay una creencia que difunden en La Pampa, y es que ellos son pobres y nosotros ricos por habernos quedado con el agua. Pero no es así. Hay que demostrar que hay eficiencia en el uso del agua. La eficiencia está dada por haber sido responsables con los instrumentos que tenemos en el aprovechamiento del agua”, aportó Villegas.
La invitación a los amigos
Pero por lo pronto, Mendoza intentará sumar un cuarto actor a la audiencia en la que se reunirá con La Pampa y la Nación. Estos son los “amigos del Tribunal” que deberán presentar su apoyo por escrito.
Según estimó Villegas, además de los anotados, hay otros actores que podrían sumarse, como son los regantes, los inspectores de cauces, el Departamento General de Irrigación, las cámaras de Comercio, de Ganadería, de Industria, de Agricultura, las asociaciones de agricultores, los municipios del sur provincial y particulares.
“Hay que contarle a la Corte cuál es la realidad de Mendoza, el uso eficiente del agua, el acueducto que tenemos con la provincia de La Pampa (ubicado en Punta de Agua) y cómo nos ha ido en cada uno de los años con las nevadas. Hay que intentar la mayor demostración técnica posible”, consideró Villegas.
Por su parte, en La Pampa arman una estrategia similar. Según consignó en sus páginas el diario La Arena, la Fundación Chadileuvú (un movimiento ambientalista que apoya la acción judicial pampeana) sumará el testimonio de Ángel Garay, un ex jefe del Destacamento policial de Paso de los Algarrobos que advirtió, en 1947, al entonces presidente Juan Domingo Perón, sobre la situación denunciada.
El conflicto
1987. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia establece que Mendoza tiene derecho a regar, antes de pasar agua, sobre 75.561 hectáreas con las aguas del río Atuel. Esta medida no se alcanza hoy.
2008. Los entonces gobernadores Celso Jaque (PJ) y Oscar Jorge (PJ) firmaron un acuerdo para que Mendoza pase 4 metros cúbicos de agua. Acá, la Legislatura no lo ratificó, por lo que no quedó vigente, y el pampeano prometió juicio.
Septiembre del 2013. En un año electoral, el gobernador pampeano anuncia que demandará a Mendoza, por lo que el conflicto volverá a la Corte nacional.
Marzo del 2015. Mendoza es notificada del juicio por daño ambiental, promovido por La Pampa.
Julio del 2016. La ONU se mete en el conflicto y le pide a la Nación que una "solución definitiva".
Abril del 2017. La Procuración General de la Nación rechazó el planteo mendocino de excepción y citó a la conciliación.
