El Poder Judicial viene recibiendo cuestionamientos debido a ciertos privilegios de los que han gozado los magistrados históricamente. y que han empezado a ser revisados en los últimos tiempos. Si bien la situación se ha maquillado con el desembarco del coronavirus, el funcionamiento on line de la Legislatura on line permitió avanzar con algunas iniciativas del Ejecutivo en este sentido.
El martes pasado, la Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de ley que congela el aumento porcentual de la antigüedad que se refleja en los salarios de los magistrados. Y esta semana tiene la intención de aprobar la iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez que apunta a terminar con las equiparaciones salariales, luego de que a principios de año se difundiera que la secretaria del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, cobra cerca de $ 400 mil pese a no ser ni siquiera abogada.
El primer paso, que tiene consenso de gran parte de la sociedad, lo dio el Senado luego de aprobar el proyecto de ley que impulsó la gestión de Alfredo Cornejo y cuyo objetivo es evitar que magistrados y magistradas sigan cobrando el 2,6% del sueldo básico por cada año de antigüedad que acumulan, siendo que ya cuentan con los requisitos para jubilarse.
"Desde que se ingresa a Tribunales comienza a correr la antigüedad, lo que pedimos modificar es que se congele ese porcentaje cuando se reúnan los años de servicio y la edad, que para las mujeres es de 60 años y para los hombres de 65. Hay casos en donde ingresan y al cumplir la edad, no tienen los años de servicio", explicó a Los Andes Silvina Furlotti, presidenta de la Asociación de Magistrados, que avala esta modificación.
La iniciativa oficialista recae sobre magistrados y magistradas del Poder Judicial -incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público, los funcionarios a ellos equiparados por ley, así como los otros funcionarios que tienen garantía constitucional de inamovilidad en el cargo.
De esta manera, se quieren desalentar la permanencia de personal en las oficinas por el más que interesante importe que se percibe en calidad de antigüedad.
Es posible que el miércoles, en la Cámara Baja, se le termine de dar forma de ley y sea aplicable desde enero de este año. Al menos, esa es la intención del oficialismo que busca introducir, también esta semana, el tratamiento al proyecto que quiere equiparar los sueldos de funcionarios y funcionarias judiciales en la Cámara de Senadores.
El propio gobernador salió al cruce en marzo de este año de quienes tienen salarios equiparados a los de magistrados. Son 78 empleados (según el Gobierno) con el mismo salario que un juez de primera instancia, aunque en muchos casos ni siquiera son profesionales de la abogacía.
Suárez anunció en ese momento que había instruido al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para que estudie todos los casos y analice la inconstitucionalidad de las normas que permitieron la equiparación salarial de empleados administrativos de la Justicia a la categoría de juez.
El Ejecutivo quiere establecer que ninguna norma o disposición pueda equiparar retribuciones por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria.
Haciendo un repaso por las acordadas, figuran en esta categoría, además de la secretaria de Nanclares, su sobrino (Carlos Quiroga Nanclares, encargado de la modernización de los procesos judiciales); los miembros de la Secretaría Judicial de la Corte para asuntos internacionales, y gran parte de la oficina de Derechos Humanos.
De acuerdo al proyecto, que tiene apoyo de la oposición para votarse, hay una lista de excepciones que podrían bajar el número de suprimidos -según el artículo 3- por la normativa y que no está disponible para la consulta en la página del Poder Judicial.
Según pudo saber Los Andes, estos funcionarios serían relatores de la Corte y algunos funcionarios que ingresaron a esa planilla a través de distintos convenios y que podrían reclamar la inconstitucionalidad de la normativa al ver sus derechos adquiridos afectados.
Los cargos vitalicios, sin antigüedad
La normativa que quiere finalizar con el aumento anual en el Adicional de Antigüedad no sólo se aplicará sobre magistrados y magistradas, sino también sobre otros cargos de los denominados "vitalicios", es decir que no se renuevan con los cambios de color político en las gestiones.
Allí se encuentran, por ejemplo, tanto el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, como los vocales del mismo organismo; el Fiscal de Estado, Fernando Simón; el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y demás funcionarios que tienen garantía constitucional de inamovilidad en el cargo. Todos tendrán derecho a la percepción del adicional por antigüedad, el que se liquidará aplicando el régimen previsto para magistrados y magistradas.
