El Gobierno de Alfredo Cornejo sorprendió ayer con la presentación del nuevo Código Procesal Laboral.
En la misma presentación de cambios al Código de Faltas, anunció la iniciativa que apunta a “agilizar” la justicia laboral “con más oralidad y plazos más cortos”.
El contenido técnico de la norma, que ahora deberá discutir la Legislatura, lo presentó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
El funcionario completó el concepto de "agilizar"recordando que en la actualidad "un proceso judicial laboral dura de 4 a 4,5 años".
Fue por eso que se empezó con agilizar "la parte extrajudicial". Ese fue el sentido de adherir a la Ley nacional de ART y de crear la Oficina de Conciliación Laboral (OCL).
En el primer caso el ministro contó que hasta ahora "sólo hay junta médica en Capital" (primera circunscripción judicial). Y anticipó que "entre la semana que viene y la siguiente" se inaugurarán juntas en San Martín, Tunuyán y San Rafael, para las 4 circunscripciones.
En lo referido a la OCL, Garay destacó que desde su instalación “permitió bajar entre 40% y 60%” las causas ingresadas la Justicia laboral.
Hay que destacar que la OCL fue cuestionada cuando se aprobó la Ley que la originó (8.990). De hecho, un socio del Gobierno en Cambia Mendoza, el diputado gremialista Guillermo Pereyra, ex titular del CEC, se opuso.
La norma -con fuerte incidencia en este proyecto- tiene un pedido de "inconstitucionalidad" por parte de la CGT local ante la Suprema Corte.
Según la central gremial, la OCL “viola la igualdad ante la ley y discrimina derechos por impedir el acceso directo a la Justicia”.
La Corte aún no resuelve la demanda, pero el Gobierno insiste en su utilidad. "Nada de lo hecho tendría sentido si no se descomprimía el proceso en la instancia prejudicial", resaltó Garay sobre la OCL.
El ministro contó también que para dar más agilidad habrá dos audiencias, una “inicial” y otra “final”. Siempre con el juez presente y apuntando a resolver lo antes posible la situación.
Finalmente, el Ejecutivo busca más eficiencia con un nuevo sistema de peritaje. "Hoy muchos peritos cobran dependiendo de quién gane el proceso, ahora será distinto", dijo Garay.
Por un lado el proyecto crea un cuerpo auditor de peritajes. Y si bien seguirá la participación de peritos por sorteo, se fijará un valor “que todos los peritos cobrarán por igual”, destacó. “Si el peritaje es concluyente en la sentencia, el juez podrá otorgar un adicional”, añadió Garay.
