El Gobierno apura y analiza una demanda de los gobernadores que tienen en sus manos deuda del Tesoro que resultó reperfilada tras los anuncios que hizo Hernán Lacunza el 28 de agosto pasado.
Son US$ 1.248 millones entre Letes -en dólares- y Lecaps -en pesos- en manos de las provincias y figura, por razones políticas y judiciales, en la agenda urgente del gobierno.
El Ejecutivo, en medio de una crisis cambiaria, bancaria y financiera, anunció que pagaría en tiempo y forma los vencimientos de las letras de corto plazo (Lecap, Letes, Lecer y Lelinks) para las personas pero no así para las personas jurídicas. Entre estas últimas se encuentran las provincias. A ellas se les pagó la semana pasada el 15% del vencimiento y luego habrá un pago por el 25% restante en tres meses y el 60% en seis meses.
Según la Casa Rosada, más del 70% afectado se concentra en tres provincias: Buenos Aires, Capital y Mendoza, todas de Cambiemos. Pero afecta, en total y con distinto nivel de gravedad, a unas diez administraciones.
La paradoja es que una de las "víctimas" del reperfilamiento anunciado por Hernán Lacunza fue Buenos Aires, la provincia de la que fue ministro de Economía desde 2015.
Lacunza, que convivió durante los últimos tres años y medio con los ministros que ahora reprochan sus medidas, apuró con Rogelio Frigerio un formato para atender la demanda de los gobernadores.
Frigerio, Lacunza, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, analizaron el lunes en la Rosada las variables.
Estuvieron, además, los viceministros Rodrigo Pena, Sebastián García de Luca y Alejandro Caldarelli, respectivamente.
Según supo el diario Clarín, Hacienda analiza un mecanismo de asistencia para las provincias a las que se les ocasionó un desajuste con el reperfilamiento anunciado en agosto. Muchas utilizan el dinero de los vencimientos de la deuda para pagar salarios.
Los gobernadores pidieron que las letras en manos de las provincias no entren en la categoría de “institucionales” sino de “personas” porque las primeras entraron en default selectivo y las segundas no.
Una "solución", bajo análisis, sería que la Nación, vía un Fondo Fiduciario, "compre" las letras en poder de las provincias para que las jurisdicciones puedan hacerse de los dólares y pesos que tenían en Letes y Lecaps. En algunos casos es urgente: esos fondos son necesarios para pagar sueldos o gastos corrientes.
Criterios
La Nación propondría aplicar un criterio de necesidad, según la situación y los requerimientos de cada provincia. Es un punto difuso: ¿quién y con qué parámetro se define cuál provincia canjea las letras y cuál no?
La semana pasada se pagó el 15% de las letras y el 85% restante fue reprogramado.
Este jueves vence el plazo jurídico para que las provincias vayan a la Justicia a denunciar el incumplimiento.
Ese reloj corre. Catorce provincias ya fueron a la Corte Suprema por la baja del IVA y de Ganancias que significaron, según el CFI, una perdida de casi 60 mil milllones de pesos para las provincias.
Para las que compraron letras, como Mendoza, no disponer de esos recursos agrava una situación difícil: cayó la coparticipación y la recaudación propia, y se encareció, casi a niveles de lo inaccesible, el crédito.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal de Nadin Argañaraz, la "copa" real cotejada la inflación cayó más de 4 puntos de junio a agosto.
“La baja de la actividad y del consumo afectaron la recaudación propia de las provincias. Sumado a la caída de la “copa” nacional, configura un contexto donde las provincias deben poder uso de sus ahorros en el momento que consideren necesario”, apuntó Argañaraz.
Las provincias que tienen letras son Buenos Aires (500 millones dólares), San Juan, (US$ 234 millones), Mendoza (US$ 205 millones), Capital Federal (US$ 123 millones), Río Negro (US$ 83 millones), Salta (US$ 35 millones), Formosa (US$ 20 millones), Santa Fe (US$ 20 millones), Catamarca (US$ 15 millones) y La Rioja (US$ 13 millones).
El reperfilamiento se registró con el decreto 596/2019, que llevó la firma de Mauricio Macri y de todo su gabinete. En el dibujo inicial de la Casa Rosada debía, luego, tomar cuerpo de ley con un tratamiento en el Congreso nacional.
