El Gobierno de Mendoza tiene en carpeta un plan de obra pública que consiste en reparaciones e intervenciones sobre 215 establecimientos de propiedad estatal, pero no ha logrado reunir a la suficiente cantidad de empresas para ejecutarlo.
Según comentó el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, “en 2017 aumentarán 200% las intervenciones pequeñas a edificios públicos, pero cuesta conseguir a las empresas que hagan las obras porque están en la informalidad, no tienen papeles o no están interesadas en el trabajo”.
Dicho con mayor precisión, son 215 las intervenciones planificadas. “Son obras que implican unos cuatro meses de trabajo cada uno y está dentro de nuestros objetivos concluirlas en el 2017.
Por eso dividimos el plan de trabajo en tres cuatrimestres y en cada periodo necesitamos unas 75 u 80 empresas trabajando a la vez”, indicó el funcionario.
“Las intervenciones tienen presupuestos que van de $ 2 millones a $ 4 millones y requieren tareas como cambiar el techo de un colegio o reparar cloacas”, señaló.
“Para esa clase de obras necesitamos 80 empresas de la construcción que tengan entre 10 y 20 empleados. Nos está costando conseguirlas, pese a que tenemos el dinero para hacerlo”, lamentó el ministro.
Para Kerchner, la falta de constructoras interesadas se debe al tamaño de las obras y a los inconvenientes logísticos que pueden presentarse.
“Las empresas tienen que repartir su trabajo en 5 o 6 establecimientos y es mucho más cómodo y barato pagar la seguridad en uno solo y construir en un solo lugar. Es más satisfactorio y rentable hacer escuelas, pero si las constructoras medianas y chicas fueran más flexibles, tendrían trabajo”, advirtió el ministro de Hacienda.
“Es entendible que las empresas quieren hacer otra clase de trabajos, pero los mendocinos no necesitan escuelas nuevas, sino reparar las que están en funcionamiento”, reclamó.
La postura empresaria
Los referentes de la construcción reconocieron la problemática expuesta por el ministro Martín Kerchner, pero destacaron que hay empresas interesadas en participar.
Atilio Calzetta, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), no se mostró sorprendido respecto a la baja convocatoria lograda por el Gobierno y argumentó que “es difícil encarar esa clase de obras, por que son trabajos pequeños que demandan una logística grande y dejan baja rentabilidad”.
Sin embargo, aseguró que “algunas empresas de la Cecim están estudiando la posibilidad de presentarse a licitación”. Además, celebró la reactivación de la construcción de viviendas y de obras públicas en general por parte del Estado Provincial.
Mario Yaser, presidente del Círculo de Constructores de Mendoza, mencionó otros problemas comunes en esa clase de obra que pueden reducir el interés de las empresas.
“En el caso de las escuelas, por ejemplo, hemos tenido muchos inconvenientes. Hay empresas que han gastado tiempo y dinero para presentarse a licitar y luego las obras no se han realizado o se han adjudicado a precios ilógicos que después no se pueden cumplir”, explicó el empresario.
“En otros casos, ha resultado muy difícil cobrar el reacomodamiento de precios por el avance de la inflación, aunque eso ocurre generalmente con las obras realizadas con fondos nacionales”, apuntó Yaser.
Problemas de licitación
Empresas constructoras de Mendoza denunciaron “desigualdad” en llamados a licitación para la construcción de obras públicas con fondos nacionales y pidieron la intervención de las autoridades provinciales para "tener un trato justo".
Atilio Calzetta, de la Cecim, explicó que “se han hecho llamados a licitación con condiciones que dejan sin posibilidad de participar a las constructoras de Mendoza”, comentó Calzetta.
“Es el caso, por ejemplo, de la ejecución de obra de jardines educacionales. La regla para licitar establece condiciones que dejan fuera de acción a las constructoras de Mendoza”, continuó.
“Por un lado, se exige que la empresa que se haga cargo de la construcción de los jardines en Mendoza, también deberá construir jardines en otras provincias. Eso es porque se planteó una división por regiones y no por provincias”, indicó.
“Además, serán construcciones prefabricadas y no hay empresas en Mendoza que hagan ese trabajo. Solo hay mano de obra para la parte de montaje”, lamentó Calzetta.
“Todo eso nos deja sin posibilidades de participar. No tenemos los recursos ni la logística necesaria para cumplir con esa condición”, explicó el empresario.
Para intentar dar solución a ese problema, Calzetta reveló que el sector está trabajando en un proyecto de ley que garantice un porcentaje de obra pública para ser realizada por las pequeñas y medianas empresas locales.
“Para avanzar con la ley le pedimos apoyo al Gobierno provincial y legisladores provinciales y nacionales”, apuntó el presidente de Cecim.
