El Gobierno anunció ayer la puesta en marcha un "Plan de Seguridad Nacional" que tiene como uno de sus objetivos impedir eventuales saqueos de supermercados y comercios en todo el país, después de seis intentos en cinco ciudades desde el viernes pasado.
En paralelo, la administración de Mauricio Macri presentó una denuncia penal en los tribunales federales de la Capital Federal para que se investiguen supuestas “conexiones” entre los intentos de saqueos y dirigentes y punteros políticos.
El Plan de Seguridad incluirá una red de alertas y disuasión coordinado por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, en sintonía con la Justicia Federal, las fiscalías, los gobiernos provinciales y municipales.
Según dijeron a Los Andes calificadas fuentes oficiales, el tema fue excluyente en la reunión de Gabinete que el presidente Mauricio Macri encabezó ayer en la Casa Rosada. En el Gobierno se sintió un cimbronazo el lunes por la noche por la muerte de un chico de 13 años en Chaco en medio de un intento de saqueo.
“Es una situación que preocupa mucho al Presidente. Sabemos que hasta fin de año serán meses muy calientes. Ordenó estar muy alertas e impedirlo”, dijo la fuente oficial con acceso a la reunión ante la consulta de este diario.
En medio de una situación social que se está complicando por el avance la inflación, desde el viernes hubo intentos de saqueos en supermercados de Comodoro Rivadavia, Mendoza, Chaco, Mar del Plata, y los partidos bonaerenses de tres Tres de Febrero y Olavarría.
Hasta la Casa Rosada llegó ayer un contingente de más de cien intendentes de Salta, La Pampa, Tucumán, San Luis, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Catamarca, Misiones, Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero, San Juan y Tierra del Fuego.
Liderados por la jefa comunal de La Matanza, Verónica Magario (PJ), reclamaron la restitución del Fondo Sojero, pidieron una reunión con Macri y al salir advirtieron que el “desfinanciamiento”de los municipios generará mayores condiciones de empobrecimiento de las ciudades.
Magario, como presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM) lamentó los intentos de saqueo y dijo que los intendentes están destinando recursos que debían ir a obras de infraestructura para atender "demandas urgentes y sensibles" que plantea la crisis económica, con el objetivo de resguardar "la paz social".
Al salir de la reunión de Gabinete, Bullrich explicó que ella estará la menos hasta fin de año conectada en línea directa con los ministros de Seguridad de cada una de las provincias para que reporten el menor incidente.
El tema será dialogado también por el jefe de Estado con los gobernadores cuando el martes se reúnan en la Casa Rosada para sellar el acuerdo por el proyecto de Ley de Presupuesto 2019, que contempla un ajuste fiscal de 500.000 millones de pesos.
Asimismo, dijo que desde el fin de semana, su cartera comenzó a recibir llamadas al número 144 que advertían de organizaciones vía el sistema de mensajería Whatsapp para realizar saqueos en distintos puntos del país.
“Son situaciones traumáticas y dramáticas que no tienen por qué suceder”, dijo la funcionaria. Y en ese sentido, sostuvo que si los saqueos son planificados “es porque no hay una situación de desesperación” en la gente que los intenta cometer.
En la denuncia penal, el Gobierno incluyó un centenar de números de teléfonos que formaron parte de cadenas de Whatsapp con datos precios sobre lugar y horario para la realización de saqueos. Todas estas supuestas maniobras fueron neutralizadas.
Ante un aumento de las demandas sociales, el Gobierno puso en marcha el pago de un bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sobre los $1.684 de septiembre, se acreditará $1.200 adicionales por chico en septiembre y $1.500 en diciembre.
“Más de un millón de familias recibirán $2.700; 600.000 familias recibirán $5.400; 278.000 familias $8.100; 105.000 familias $10.800; y 47.000 familias $13.500”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.
