La decisión estaba tomada y el debate fue rápido. A excepción de los legisladores del Frente de Izquierda, estaba claro que los diputados del Frente para la Victoria, la UCR y el PD avanzarían en la sanción definitiva de las dos iniciativas que el martes votó el Senado. Ayer la Cámara baja transformó en ley los proyectos de tope salarial, que apunta a que el salario del gobernador sea el más alto de la administración pública, y la nueva norma que regulará el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo, en la que se incluye la fijación de servicios esenciales en paros.
No se trata de dos leyes más sino de normas que apuntan directamente a las pretensiones de los gremios estatales, principalmente a ATE y Ampros. Pero, curiosamente, ningún referente de esos gremios estuvo presente durante el tratamiento. Incluso Isabel del Popolo estuvo hasta minutos antes de que se iniciara el debate, pero cuando empezaron los argumentos desapareció de la Legislatura.
Desde hace tiempo que la secretaria general de ATE, Raquel Blas, viene anunciando que cualquier tope salarial que restrinja lo que se discuta en paritarias es inconstitucional. El 25 de junio pasado, Diputados intentó votar un tope salarial, aunque con recorte del sueldo y aplicado inmediatamente, no como lo que se transformó en ley ahora. En aquellos días, Blas y Del Popolo anunciaban que resistirían judicialmente la medida. Ayer, ratificaron que recurrirán a la Justicia porque consideran que el texto viola la Constitución.
Al tratamiento de leyes en el recinto se le suele llamar debate. En estos dos casos se trató de apenas un intercambio de palabras. En la ley de tope salarial, la presidenta del bloque FpV presentó la norma y nadie más tomó el guante para defender el proyecto.
El diputado Héctor Fresina (FIT) manifestó su rechazo diciendo que esta norma, que no avanza sobre los magistrados del Poder Judicial, era un ataque contra los 106 trabajadores de la salud que cobran más que el gobernador Francisco Pérez, que se estaba avasallando el ámbito paritario y que se empujaba a los médicos a la actividad privada, para luego llamar al ministro Matías Roby “mercader de la salud”.
A continuación Cecilia Soria, también del FIT, dijo que se pretendía justificar el salario de los funcionarios, quienes deberían ganar lo que gana un docente con 26 años de antigüedad, tal como lo postulaba su fuerza política durante la campaña electoral del año pasado, cuando fueron la revelación.
Y se acabaron las objeciones. Se pasó a la votación y todos los partidos, salvo el FIT, votaron por un mecanismo para que en el mediano plazo el sueldo del gobernador sea el más alto de la pirámide salarial pública.
Ese mecanismo consiste en recortar los futuros incrementos salariales de aquellos agentes que cobren más que el gobernador al 30% del total del aumento acordado en las paritarias de cada sector estatal, de tal manera que en dos o tres años el emolumento de quien conduzca la provincia en ese momento sería el más alto.
Una hora más tarde fue el turno del otro proyecto. Se trataba de una nueva ley que reglamentará el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo para adecuar la tarea a los nuevos postulados de la legislación laboral nacional. En el medio de ese texto, vinieron dos capítulos conflictivos para los gremios estatales: los servicios mínimos que debería cumplirse en las huelgas y la conformación de la comisión de garantías que fijará esos servicios mínimos.
Los del FIT nuevamente anunciaron su rechazo. Fresina indicaba que la ley es un avance contra el derecho de huelga y que la comisión sería conformada por “alcahuetes del Gobierno”. Martín Dalmau dijo que este proyecto y el de topes salariales eran un paquete de medidas contra los trabajadores y Soria, que el proyecto lo habían recibido hacía 20 minutos y que “nunca se murió un paciente por un paro, pero que sí se morían por falta de insumos”.
El radical Martín Kerchner decía que el capítulo de los servicios mínimos era una copia textual de la ley nacional 25.877 y ésta a su vez replica lo que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, lo que parecía razonable como para ser aprobado.
Luego la oficialista Silvia Ramos dijo que el peronismo tenía una larga tradición en la defensa de los derechos de los trabajadores, por lo que “mal podríamos atentar contra ellos ahora”; por último el demócrata Rómulo Leonardi dijo que no era un atentado contra el derecho de huelga, sino para preservar la salud de los mendocinos. Entonces se repitió la votación anterior. FpV, UCR y PD aprobaron, los tres legisladores del FIT rechazaron.
