La fallida sesión en la Cámara de Senadores para autorizar el allanamiento pedido por la Justicia de los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández dejó, también, sin tratamiento otro proyecto de notable interés en momentos de fuerte combate de parte de la Justicia contra la corrupción: el que impulsa la ley de extinción de dominio, una iniciativa que crea un proceso judicial destinado a la recuperación por parte del Estado de bienes adquiridos mediante hechos de corrupción.
A pesar de la cada vez más grave situación judicial de la ex presidenta de la Nación, había incertidumbre sobre la realización de la mencionada sesión legislativa en virtud de la tensa convivencia que existe dentro del peronismo en general, más allá de las huestes puramente kirchneristas.
Si bien las habituales voces de mando de los senadores justicialistas habían ordenado una suerte de libertad de conciencia a sus respectivos legisladores con respecto al voto a favor o en contra del pedido de Bonadio, la ausencia masiva en el recinto de sesiones de integrantes de los distintos grupos en los que se divide ese espacio político en la Cámara alta dejó en evidencia una clara estrategia para evitar la discusión desde las bancas.
Es válido en el funcionamiento legislativo recurrir al uso del quórum para avalar o no la discusión de un tema, pero en este caso los senadores justicialistas en general tendrían que haber adoptado una postura más decorosa y, por lo menos, aceptar el debate para luego jugar la suerte de la senadora Cristina Kirchner a la votación correspondiente.
Aunque discutible por los muy delicados cargos judiciales contra la ex Presidenta, puede llegar a aceptarse el argumento de que el desafuero de un miembro del Senado se puede habilitar recién cuando exista cosa juzgada. Eso fue lo esgrimido desde las mayoritarias bancas peronistas cuando el mismo juez pidió, a fines de 2017, el desafuero de la ex primera mandataria. Pero en este caso puntual, la viabilización de los allanamientos reclamados constituye una positiva señal del Poder Legislativo a favor del equilibrio que requiere el funcionamiento de los poderes del Estado en un sistema democrático.
Los senadores, en especial los de la oposición justicialista, no pueden dejar de advertir el clima de tensión y expectativa generado en la sociedad argentina a partir de la constatación de gravísimos casos de soborno durante las gestiones del kirchnerismo. Todo, con las evidencias que registraron los llamados "cuadernos de las coimas" aportados por un chofer arrepentido. Los miembros de la Cámara alta han tenido el tiempo suficiente para decidir qué actitud adoptar en esta nueva instancia judicial que vincula a la jefa del kirchnerismo.
Es más: la gran cantidad de personas involucradas por la Justicia en el interminable escándalo de corrupción que se acogieron a la figura del arrepentido para aportar datos precisos a la Justicia que permitan, a su vez, acelerar los tiempos de investigación de los hechos constituye otra muestra clarísima de la enorme trama que se gestó y puso en práctica a la sombra del poder y abusando de la credibilidad de millones de ciudadanos argentinos.
Estos arrepentidos de haber sido parte de hechos delictivos decididos a colaborar con los jueces y fiscales para, de algún modo, limpiar parte de sus culpas han sido en algunos casos hasta ignorados o menospreciados por la ex presidenta Cristina Kirchner, que optó una vez más por la descalificación personal en lugar de encarar ante el juez que la cita un descargo serio y acorde con la investidura institucional que asumió durante ocho años.
