Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
En medio de marchas y contramarchas, el Gobierno nacional decidió modificar criterios aplicados en las resoluciones anteriores del Enargas, y decidió aplicar una nueva modalidad de ajuste que tiene en cuenta el valor de la boleta pagada el mismo mes del año anterior. El problema es que el gobierno no ha tenido en cuenta aspectos muy importantes señalados en los fallos que concedieron acciones de amparo como en el fallo de la Cámara Federal de La Plata que decretó la nulidad de los cuadros tarifarios y ordenó que, previa a cualquier decisión de precios, se deben hacer audiencias públicas, como marca la ley.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un pedido de “per saltum” pidió al gobierno un estudio detallado que explique los costos reales del gas para justificar los aumentos, mientras también pidió un esquema que contemple las diversas situaciones que se dan en los mercados (clases sociales, volumen de consumo, situación geográfica de los consumidores, etc).
Cuando el gobierno anunció el último límite de 400% sobre la factura del mismo bimestre del año anterior, estableció la realización de audiencias públicas en octubre y hoy los jueces que resolvieron los amparos dicen que sus decisiones siguen vigentes y que los aumentos sólo podrían darse después de las audiencias públicas. Algunos magistrados, incluso, apuntan a que los funcionarios del Poder Ejecutivo podrían estar cometiendo el delito de desobediencia, lo que agrava el cuadro de situación y dejan a todo el país en una situación de incógnita.
Estamos frente a un claro enfrentamiento de los jueces con el Poder Ejecutivo, donde no sabemos si sus decisiones están estrictamente ajustadas a derecho o son una reacción propia de consumidores con poder. Hoy, que todos desconfían, tenemos el mismo derecho, sobre todo cuando se leen y escuchan argumentos esgrimidos por los jueces enojados con el giro del gobierno del lunes pasado.
