El G20, reunido este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane, reconoció en su declaración la cuestión de la reestructuración de la deuda soberana, como había propuesto Argentina.
"Saludamos el avance realizado para reforzar los límites a la disciplina y la predictibilidad de los procesos de reestructuración de la deuda soberana", reza el comunicado final de las principales economías del planeta.
Según el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, se trata de la primera vez en la historia del G20 que la cuestión de la reestructuración de deuda soberana fue planteada en el comunicado general y en un anexo del mismo.
"Estamos tremendamente conformes con este punto", dijo el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, a la prensa al término de la reunión del G20.
"La litigiosidad" que plantean los fondos especulativos y fondos "buitres" como son conocidos en el país sudamericano, "es reconocida como un problema a tratar y se dan instrucciones a los ministros de Economía y presidente de los Bancos Centrales para que trabajen (...) el tema y aporten una recomendación al respecto", explicó.
El ministro, que ha representado en esta reunión, junto con el canciller Héctor Timerman, a la convaleciente presidenta Cristina Kirchner, no escondió su satisfacción de que Argentina hubiera hecho "la denuncia sobre el accionar de los fondos buitres" y que lleva el mensaje de que los países ponen "límite" a los especuladores, así como a los paraísos o guaridas fiscales.
"Quedó taxativamente planteado", aseguró tras recordar que el caso argentino ha servido para cambiar las emisiones de deuda soberana.
Para Argentina, "es acuciante que toda la comunidad internacional se pronuncie sobre esta cuestión y queden señalados los fondos buitres como un elemento especulativo del sistema financiero con vistas de lo que pueden ser procesos de reestructuración de deuda a futuro", dijo.
Argentina está inmersa en una batalla legal con fondos especulativos en tribunales de Estados Unidos luego de que el juez federal de Nueva York Thomas Griesa obligara a pagar el 100% de una deuda de 1.330 millones de dólares a uno de ellos, que integra el 7% de los que rechazaron el canje de 2005 y 2010, tras ser aceptado por el 93% de los acreedores en default desde 2001.
La negativa ha llevado al país a un default parcial sobre su deuda, y ha sido declarado en desacato por incumplir el fallo de la justicia estadounidense.
Más de 100 demandas por fondos de deuda impagados buscan ahora sumarse al fallo emitido por el juez neoyorquino para recuperar la totalidad de su dinero.