Luego de la derogación de la ley 9.209, que modificaba a la ley 7.722, la situación ha vuelto a la misma realidad que teníamos antes del debate legislativo. La provincia de Mendoza está estancada en un sistema productivo antiguo, lleno de regulaciones hechas para impedir y no para avanzar y sin ideas claras para resolver un problema real: con el actual modelo productivo no se puede asegurar buena vida a 2 millones de mendocinos.
Mucho se habla de matriz productiva, pero recordemos que los modelos productivos actuales nacieron de la iniciativa y el riesgo empresario, que muchos probaron y les fue mal mientras que a otros les fue bien, simplemente porque hicieron las cosas en forma correcta, mientras el Estado solamente creaba las condiciones para que las empresas florecieran y eligieran su destino.
Después llegaron las políticas populistas, cargadas de subsidios y regulaciones, para apoyar muchas ineficiencias. Esto hizo florecer a los más eficientes porque les quitaban competencia mientras los ineficientes no tenían estímulos para cambiar. Ésta ha sido la realidad de Mendoza de los últimos 60 años.
Hoy se propone redefinir la matriz productiva provincial. A la mesa se convoca, entre otros, a científicos e investigadores, un buen número de los cuales no están preparados para asumir riesgos empresarios y, por lo tanto, no piensan como empresarios. Obviamente, son los suyos muy buenos aportes, pero la matriz productiva debe surgir de un debate en el que influyan también quienes se juegan arriesgando capital.
Hoy, como a principios del siglo XX, el desarrollo económico depende de ciertas definiciones de políticas públicas que den un marco de seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas. El Estado no debe decir qué hacer sino demostrar que es posible arriesgar con reglas de juego claras y estables.
En Mendoza es fundamental partir del principio y esto es definir claramente cómo se administrará el agua, el bien más escaso y estratégico, en medio de un serio proceso de calentamiento global. Esta escasez deberá llevar una seria planificación que busque el equilibrio en los oasis.
Entre otras cosas se deberá definir si es posible seguir generando asentamientos urbanos en el oasis Norte, dadas las limitaciones de agua, la pérdida de suelos para cultivos y los requerimientos de agua para uso humano, industrial y agrícola.
Una buena planificación debería concluir en la necesidad de llegar a un sistema de entubamientos y presurización del agua destinada al uso agrícola en todos los oasis. Así se podría entregar el agua en cada finca vendiéndola por litro y que cada empresario agrícola deba hacer las mejoras prácticas para un uso responsable.
El proceso no es inmediato y requiere de financiamiento externo, tipo BID y Banco Mundial, pero debe partir de un acuerdo de las fuerzas políticas para ejecutar una política de Estado y formular los proyectos para obtener el financiamiento. Debe existir un compromiso serio, del cual deberían participar regantes y entidades empresarias. Sólo con una buena planificación del agua se podrá hacer una correcta planificación y ordenamiento territorial.
La segunda garantía que debe dar el Estado es asegurar una mejora progresiva de la educación pública. Sin educación es imposible que las personas salgan de la pobreza, pero, en paralelo, se debe encarar una lucha frontal contra la desnutrición infantil, abordando desde la nutrición de las embarazadas. Sin buena nutrición, la educación no dará los resultados esperados.
El Estado tiene la obligación moral de ser muy eficiente porque debe dar cada día más y mejores resultados, pero debe bajar impuestos para que la provincia sea productiva y sea atractiva para los inversores. Los recursos al Estado sólo pueden llegar del crecimiento. Si lo hacen al revés sólo conseguirán hacer fracasar cualquier intento de crecimiento.
No sería necesario definir ninguna matriz productiva sino generar condiciones para que los empresarios decidan asumir riesgos. Nadie dijo a los emprendedores tecnológicos que se iniciaran; sólo vieron una oportunidad y lo hicieron. Cada uno debe hacer lo suyo y el Estado debe garantizar condiciones estables para las empresas.
