El futuro de la obra pública se convirtió en un dilema difícil de resolver para el Gobierno nacional, donde buscan lograr un delicado equilibrio entre la necesidad de resguardar una de las principales barreras de contención frente al cimbronazo económico y los avances en la causa sobre los cuadernos K que podrían dejar fuera del circuito a los grandes jugadores.
El ajuste que intensificó la Casa Rosada para alcanzar el equilibrio fiscal hacia 2019 impactó con fuerza en el sector de la obra pública. Durante junio, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una baja de 0,1% respecto a igual mes del año anterior. Se trató de la primera baja desde febrero de 2017.
El empleo registrado en la industria de la construcción cayó un 0,4% en julio, respecto de un año anterior, a 464.900 trabajadores, según el ministerio de Trabajo. No es una baja fuerte, pero sí muestra una luz de alarma dado que el indicador había crecido con fuerza hasta mayo, cuando comenzó a desacelerarse para pasar a arrojar números en rojo en julio.
Un análisis económico del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala indica que a la debilidad del consumo masivo se sumó la caída del consumo durable. "La construcción seguirá en baja de la mano del ajuste en la obra pública, y la retracción del gasto en equipo durable de producción pondrá un techo a uno de los componentes de la demanda de mayor tracción: la inversión", dice el reporte.
Desde ahora y hasta que no se vislumbre el final del camino de la crisis, la decisión de la gestión de Mauricio Macri es mantener solamente los proyectos que están en ejecución o avanzar con aquellos que puedan concretarse con la Participación Pública y Privada (PPP), donde el financiamiento es privado, aunque allí también hay problemas.
El recorte presupuestario proyectado para 2019 alcanza los $ 300.000 millones; un tercio deberán afrontarlo las provincias. El golpe para los desarrollos de infraestructura también llegó a través de la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), cuyos recursos se distribuían a las administraciones provinciales y municipales. Con esta última medida, el ahorro del Estado nacional será de $ 8.500 millones en 2018 y de $ 26.500 millones en 2019.
El factor cuadernos
Nuevos obstáculos surgieron en un ya complejo escenario económico a partir de los avances del juez federal Claudio Bonadio sobre los denominados cuadernos de la corrupción en la era kirchnerista: los empresarios al frente de las principales contratistas del Estado quedaron involucrados en la trama de supuestas coimas millonarias y, de confirmarse las acusaciones, quedarían inhabilitados para ofrecer sus servicios al sector público.
Es incierto el destino judicial de los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos S.A. y Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios), Carlos Wagner (Esuco), Enrique Pescarmona y Francisco Valenti (Impsa), Paolo Rocca y Luis Betnaza (Techint), Raúl Vertúa (Servicios Vertúa S.A.) y de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (Electroingeniería), entre otros.
La lista de nombres que maneja Bonadio involucra a directivos de las compañías que incluso durante la era del presidente Macri lideraron el ránking de la obra pública.
También preocupan los efectos colaterales que genera el frente judicial. Los bancos de inversión se muestran reticentes a liberar fondos para empresas vinculadas con el escándalo de los cuadernos, que en el exterior ya se compara con el Lava Jato de Brasil.
En las entidades financieras temen además que, por el ajuste, la devaluación y la causa de los cuadernos k, varios de sus clientes, empresas del sector de la obra pública, interrumpan sus pagos. “Hemos acelerado los pagos de la obra pública, lo que significó en julio una inyección de caja al sector”, enfatizó Dietrich.
La postura oficial es que, "hasta que no haya sentencia firme, se mantiene la situación" de las contratistas señaladas en el escándalo judicial. Y en caso de que existan fallos contra las compañías, trascendió que los esfuerzos oficiales podrían apuntar a "separar las implicancias judiciales entre personas físicas y jurídicas para preservar el empleo".
Qué dice la norma
La interpretación de lo establecido en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional podría dar lugar a esa maniobra. La normativa indica que se inhabilitará "a las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción".
La situación acota el margen de maniobra del gobierno nacional y pone en riesgo también la estrategia de cara al 2019, porque la obra pública es el tradicional caballito de batalla que se saca a relucir en los años electorales.
