El proceso de racionalización administrativa que encaró el municipio alvearense pasando a disponibilidad a nueve empleados, desató una tormenta política con múltiples e inimaginables derivaciones.
En lo estrictamente institucional, el Ejecutivo departamental recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para plantear un conflicto de poderes porque el Concejo Deliberante ordenó la restitución de los agentes municipales.
Pero eso es solo el principio. Los votos necesarios para dar marcha atrás la decisión del intendente Walther Marcolini fue gracias a la unión del justicialismo con el Pro. La respuesta no se hizo esperar y el jefe comunal radical automáticamente pidió la renuncia a las tres funcionarias macristas que lo acompañaban en la gestión.
Esas acciones pusieron en jaque el futuro del frente Cambiemos en Alvear (conformado por la UCR, el PD y el Pro).
Pero todavía hay más. Los conflictos internos en el Frente oficialista dejaron trascender un acercamiento por demás llamativo entre una parte del Pro con el sector más renovador del PJ.
El decreto 292 que firmó el intendente Marcolini en junio pasado pasando a disponibilidad a 9 agentes municipales puso en marcha una serie de eventos que nadie imagina dónde puede terminar.
La medida de racionalización del recurso humano implicó la eliminación de cargos de jefes de departamento o subdirectores con clase 12 y 13, las más altas dentro de la escala jerárquica en Alvear, aduciendo que no tiene "personal a cargo".
La ordenanza 1.774 (que rige como una especie de estatuto del empleado público en Alvear) estipula que el órgano de apelación en estos casos es el Concejo Deliberante y es ahí a donde acudieron los empleados.
El viernes el PJ unido al Pro votaron una ordenanza que ordenó la restitución de los agentes a sus puestos de trabajo. Marcolini y los funcionarios de primera línea iniciaron una avanzada demoledora; el objetivo fueron los ediles macristas: Sebastian Martínez Barón y Daniel López.
Aún no terminaba la sesión en el Concejo y el jefe comunal ya le había pedido la renuncia a Vanina Noguerol (Estacionamiento medido), Belén Casado (Inspección) y María Laura López (Mediación), las tres ligadas al Pro y además familiares de los concejales.
Acto seguido salieron públicamente a castigar a ambos. Uno de los más duros fue José María Martínez, coordinador de gabinete, que dijo que los concejales del Pro actuaron con una "deshonestidad intelectual y política que no tiene precedentes".
"No se podía dejar pasar algo así una vez más; no era la primera vez que votan en contra, y dicen que son parte del frente: en qué quedamos. Parece que quieren gobernar ellos. Nos tiran el problema de las tarifas votando con el PJ la emergencia tarifaria cuando eso es un problema de Nación, no nuestro y miran para el costado como si no tuvieran nada que ver", tiró una persona del riñón del intendente.
Del otro lado también destilan reproches. Como primera medida hoy darán una conferencia de prensa para ratificar en público lo que le enviarán al jefe comunal por escrito. "Podemos rever nuestra postura pero que garanticen con el patrimonio personal cualquier acción judicial que resulte en contra. Si están tan seguros que hicieron todo bien, que hagan una acción patriótica y lo firmen", se limitó a decir Sebastián Martínez Barón.
Sin embargo desde el interior del PRO no se encasillan en este caso en especial y le recriminan al cacique alvearense mucho más.
"Nos dejan afuera de todo cuando los logros que presenta son gracias a las cosas que bajan de la Nación. No nos consultan nada, nos hablan media hora antes de una votación y se supone que tenemos que hacer lo que dicen. No somos un cero a la izquierda que nos dicen que hacer y que no cuando se les antoja", se quejaron.
En el seno del marcolinismo aseguran que el frente “está quebrado pero no roto del todo”. Esto también lo ratificaron desde el Pro.
El más interesado en no terminar la relación política es el radicalismo gobernante; ponerse en contra a los macristas significaría un desastre en el ámbito legislativo. Se vienen votaciones claves y la UCR solo cuenta con 4 ediles sobre 10 y para ganar es preciso el voto de esos dos concejales.
Implementar la policía vial local, tal como baja desde la provincia, implica la creación de unos 50 cargos en la esfera municipal y cada voto cuenta. El presupuesto 2019 que tendrá como aditamento el año electoral es también parte de ese combo de temas candentes por tratar.
Claves
El ajuste llegó a Alvear. El intendente Walther Marcolini (Cambia Mendoza) firmó el decreto municipal 292 en junio pasado, en el que pasaba a disponibilidad a 9 funcionarios municipales, argumentando que revistaba en las categorías más altas del escalafón, pero sin personal a cargo.
La rebelión de los aliados macristas. El viernes el Concejo ordenó restituir a los 9 agentes, con el voto del PJ y el Pro, este último aliado electoral del intendente.
Como represalia Marcolini pidió la renuncia de tres funcionarios políticos del Pro familiares de los ediles.
Otro conflicto político en la Corte. Desde el Ejecutivo municipal anunciaron que apelarán la decisión del Concejo ante la Suprema Corte. Entienden que hay un conflicto de poderes porque el Concejo Deliberante se extralimitó al inmiscuirse en un acto que es meramente administrativo.
