Para llevar adelante con éxito el Plan Estratégico, debería existir una política vitivinícola nacional en la que se amalgamen los intereses de las entidades gremiales, al I.N.V., al Gobierno nacional y al provincial con una clara dirección en favor de la industria con sus principales actores que son los productores, y prevalecer sobre los intereses sectoriales y personales, lo cual favorece la concentración.
Con la sanción de la Ley 25.849 en 2004, el Plan Estratégico Vitivinícola tenía como objetivo principal alcanzar los 2.000 millones de dólares en exportaciones vitivinícolas para 2020, lograr la integración de los productores, realizar estudios de mercados interno y externo serios y potenciar campañas de promoción para aumentar el consumo de vino, pero la realidad indica un fracaso rotundo en los objetivos.
Las exportaciones han perforado los 1.000 millones de dólares y van en baja; no se ha consolidado la integración de productores, cada vez son menos y muy aislados. Los estudios de mercado se han convertido en letra muerta y sirven de adorno en los armarios de las entidades. La promoción del vino tampoco ha dado sus frutos.
Hay aciertos desde su implementación, sin lugar a dudas pero, a tenor de los resultados, han sido más los desaciertos dado el grado en que se encuentra hoy la actividad. Según datos del propio Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre los años 2006 y 2015 se perdieron en Mendoza 62 bodegas elaboradoras y 41 en San Juan. Como contrapartida, se aumentaron en Salta de 17 a 32 y aparecieron provincias productoras como Córdoba y La Pampa que pasaron de 11 establecimientos a 23. Para el caso de los productores sucede lo mismo: en 2006 había un productor cada 6 Has, y en 2015 hay uno cada 9 Has. Sin embargo, en el número final existen más de 15.000 Has nuevas implantadas casi en su totalidad en nuestra provincia y en pequeñas manos, lo que indica una concentración cada vez mayor para toda la cadena desde la producción, pasando por la industrialización (elaboración, almacenaje, fraccionamiento, etc) hasta su comercialización (interna y externa). Sólo esto es suficiente para demostrar las falencias de este Plan Vitivinícola.
En el contexto nacional es un claro ejemplo. Por un lado, la poca importancia que se le da a nuestra industria con la sanción de la Ley 5.708 de la Ciudad de Buenos Aires, el centro de consumo del país, que regula la publicidad de las bebidas alcohólicas. Por otro lado, la escasa y oportuna participación en las decisiones por parte del INV y la entidad gremial en defensa de la actividad. Sólo ahora estamos a la resulta de una acción de amparo para la no aplicación. Mientras tanto, la ley está vigente.
Tampoco se ha avanzado con la sanción de la ley para edulcorar con jugo de uva las bebidas analcohólicas otorgando bajas en la alícuota de impuestos internos, disminuyendo de esta manera la existencia de uvas destinadas a caldos. Quiero recordar que fue el ex gobernador Gioja quien tomó la posta para su aprobación pero no pasó de anuncios.
Tampoco se logró (por parte de la entidad gremial ni de la entidad de fiscalización y de legisladores nacionales), un fondo específico para combatir la Polilla de la Uva, una plaga que ocasiona grandes pérdidas en la calidad de las destinadas a la vinificación como las destinadas al consumo en fresco en el presupuesto nacional del corriente año a pesar de contar con la ley 27.227. Hubo que hacer gestiones posteriores para obtener, de una cuenta nacional destinada a temas sanitarios, recursos para tal fin.
Aparecen tibias reuniones poniendo temas sobre la mesa pero en la que lamentablemente no están todos los actores sentados con representación por lo cual surgen planteos encontrados. Por un lado, la industria solicitando mejorar la competitividad; por el otro lado, los productores rogando por la supervivencia.
Como vemos, no toda la culpa la tiene la inflación, que es un factor determinante para la competitividad tanto en el mercado interno, al aumentar los precios de venta, como en el mercado externo, al quedar fuera de los mercados.
Se terminó el tiempo. Se debe corregir el rumbo de este Plan Estratégico, como así también sus objetivos, tendiendo a la mejor defensa de nuestra industria madre y de sus productores, garantizando una mejor distribución de la riqueza.
