Trece decretos de acuerdos paritarios suscriptos entre el Ejecutivo y los gremios estatales fueron homologados por el Senado. En esos decretos hay un número de estatales que pasarán a planta permanente, a pesar de que la ley de Responsabilidad Fiscal lo prohíbe. Se dice que son más de mil empleados con contratos de locación y que algunos de ellos son funcionarios y militantes del peronismo.
Los trece decretos fueron aprobados con el voto del oficialista Frente para la Victoria (FpV) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que confirmaron así un acuerdo político entre ambas fuerzas, al menos en este punto de los contratados.
Si a eso se le suma la ausencia de la senadora y candidata a gobernadora del FIT en la votación que aprobó a Julio Gómez, el hombre propuesto por el Ejecutivo para la Suprema Corte (ver aparte), podría decirse que fue un día muy fructífero para el oficialismo en las tormentosas relaciones políticas que mantiene con el FIT.
El radicalismo votó en contra. Antes de que empezara el debate de la ratificación legislativa de los acuerdos paritarios, la UCR había abierto el paraguas. Venía hablando y mostrando algunos nombres en listados extraoficiales que actualmente son funcionarios políticos en distintas áreas del Gobierno. Por ese motivo es que pedían las listas de quiénes pasarían a la planta permanente del Estado.
Esa lista nunca apareció, pero aún así los acuerdos paritarios fueron ratificados, porque el FpV no necesitaba del voto del radicalismo para avalarlos; contaba con el voto de la senadora Barbeito para superar ampliamente el número de votos que necesitaba y sin mostrar quiénes son los que gozarán de la estabilidad del empleado público.
De hecho, el radicalismo esperaba incluir un artículo que limitara los pases planta a los empleados que llevan menos de tres años de trabajo en el Estado, pero no contó con los votos.
El presidente del bloque FpV, Gustavo Arenas, planteó que el oficialismo no iba a permitir ninguna modificación “porque somos respetuosos del acuerdo paritario firmado por los trabajadores”. Cierre del debate y a contar votos. Con la mayoría oficialista más el apoyo del FIT, no había lugar al rechazo de las paritarias.
A priori, las incorporaciones casi masivas planteadas por el oficialismo son ilegales. A tal punto es así que en el artículo 2 de la ley votada ayer se indica que se considera “una excepción a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 7.314”, por lo que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar “todos los actos útiles en materia de incrementos o modificaciones presupuestarias, contables y otras necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley”.
La ley 7.314 es la de Responsabilidad Fiscal. En su artículo 46 se indica que en años electorales queda prohibido incrementar las erogaciones corrientes en los últimos dos trimestres, así como tampoco aumentar “el costo fiscal teórico de tipo permanente” durante los últimos tres trimestres del año.
Es decir, estaba prohibido por ley incrementar el gasto público proyectado, salvo situaciones de fuerza mayor y, en lugar de cumplir la norma, se hizo una excepción para permitir los ingresos a planta.
La planta de personal es tema de campaña electoral. Desde hace tiempo el radicalismo habla de que el peronismo administra mal, gasta mucho y que está superpoblando la administración pública de empleados no para mejorar los servicios.
En estos días enrarecidos de carrera por el poder, desde el peronismo se viene diciendo que el radicalismo quiere ajustar los gastos del Estado y que quieren echar gente a la calle. En los últimos días aparecieron los afiches del FpV diciendo que “no hay que echar a nadie. Hay que hacerlos trabajar a todos”.
El senador radical Juan Carlos Jaliff viene diciendo, y ayer lo repitió, que esa frase de campaña es una confesión de que se han incorporado ñoquis al Estado. Del lado del FpV, Arenas decía que “la derecha, que son aliados del radicalismo como el Pro, tienen una visión negativa del Estado”.
El aguinaldo, antes de las elecciones
Ya lo anunció y ayer lo confirmó a este diario: el Gobierno de la provincia pagará el aguinaldo a los empleados del Estado mendocino la semana que viene. Más precisamente, el depósito se hará dos o tres días antes de la elección general que es el 21 de junio. Allí, como ya todos saben, se definirá quién sucederá a Francisco Pérez.
En realidad, según destacaron desde el Ejecutivo, el aguinaldo siempre se paga para esa época porque 'coincide' con la fecha en la que comercialmente se celebra el Día del Padre (el tercer domingo de junio). Entonces, “no tiene nada que ver que las elecciones sean el 21.
Siempre se paga en esa fecha porque, si no, hay un reclamo generalizado porque no tienen dinero para el Día del Padre”, acotó el coordinador paritario estatal, Andrés Cazabán.
Desde los gremios dijeron que es cierto que el aguinaldo se pagará en fecha pero se quejaron porque todavía no se ha efectivizado el pago del retroactivo. Incluso, los judiciales ya tienen votado un paro por las dudas.
“El aguinaldo se está pagando en fecha. Eso hay que decirlo. Lo que no se ha pagado es el retroactivo, que se tendría que haber depositado en mayo”, remarcó Roberto Macho, de ATE. Mientras, Carlos Ordóñez, el representante gremial de Judiciales, destacó que se les pagó el primer retroactivo y que el segundo se los tienen que abonar mañana.
