Economía
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hace 1 hora
Los partidos del FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) aparecen unidos en elecciones o al marchar en alguna protesta, pero mantienen claras diferencias de criterio.
Eso se demuestra con la actitud de legisladores del Partido Obrero (PO), imputados por cortar calles en una marcha del 6 de abril pasado.
Previendo un pedido de desafuero, decidieron declarar "espontáneamente" ante la Justicia para defenderse.
Pero con eso, se despegaron de sus pares del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), que la semana pasada decidieron llegar a la Suprema Corte de Justicia y pedir la inconstitucionalidad de sus acusaciones.
Además, los del PO cuestionaron al abogado que contrató el PTS, por pertenecer a otro partido político.
La semana pasada se supo que dirigentes del PTS acudieron a la Corte para que declare inconstitucional el artículo 194 del Código Penal.
Ése fue el artículo (creado en tiempos de Onganía) en el que se basó la fiscal Gabriela García Cobos para imputarlos por el delito flagrante de impedir el tránsito en aquella manifestación de abril.
Para esa tarea, el PTS contrató los servicios del abogado de Derechos Humanos Pablo Salinas, identificado con el kirchnerismo.
Sin embargo en el PO no comparten esa estrategia ni la figura de Salinas, precisamente por su identificación con otro sector político.
"No vamos en contra de la estrategia de ellos, pero preferimos presentarnos a declarar espontáneamente, ya que no tenemos nada que esconder", dijo el senador provincial Víctor Da Vila. "Además, Alfredo Mellado, nuestro abogado, nos genera más confianza", siguió.
El legislador confirmó que "este viernes" acudirá al despacho de la fiscal García Cobos junto a otro de los acusados, el diputado Héctor Fresina.
“Tenemos fueros pero con esto demostramos no tener problema en ser investigados”, añadió Da Vila.
Y hasta adelantó parte de su testimonio: "En la marcha ejercimos el derecho a protestar en un día de huelga. La manifestación no afectó a vehículos porque había rutas alternativas. Lo que se quiere es criminalizar la protesta".
Efectivamente, temprano en la mañana del 6 de abril, unas 200 personas cortaron la intersección de Colón y 9 de julio en el centro mendocino.
El corte generó una multa multa municipal de $ 40 mil a cada organizador (los dos partidos y la CTA Autónoma).
Luego llegó la acusación del fiscal Mauricio Juan, que acompañó a la Policía en el pedido de desalojo de las calles.
Por el hecho el subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino, advirtió que "buscarían quitarles los fueros". Y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, señaló que si la Justicia los imputaba, había que aplicar la Constitución y la ley de fueros. "Si hace falta, se pide el desafuero", destacó.
Pues sí. En la movilización había legisladores, como Noelia Barbeito, Soledad Sosa, Lautaro Giménez, Héctor Fresina y Víctor Da Vila. También había referentes sindicales como Raquel Blas, Jorge Chaves, Guillermo Martínez Agüero, junto a militantes y dirigentes partidarios.
La fiscal imputó a ocho manifestantes. En el PTS, al diputado Giménez, al joven dirigente Jonathan Neira y al asesor legal del partido, Enrique Jasib.
Del lado del PO imputó a Da Vila y Fresina, junto a Blas (ex precandidata a senadora nacional en 2015 por ese partido, Martínez Agüero y Chaves.
Blas, Chaves y Martínez Agüero no han ejercido ninguna estrategia aún. Peró sí lo harán Da Vila y Fresina, con esta "declaración espontánea".
Y lo harán acompañados por el abogado Mellado, que supo asesorar a Raquel Blas cuando lideraba ATE.
"Alfredo genera confianza", insistió Da Vila. "Además Salinas está ligado a sectores políticos que no nos interesan", agregó.
Mellado en tanto explicó parte de la estrategia. “No se diferencia mucho en cuanto a la figura del artículo 194”, indicó. “Se hará notar que se ejerció el derecho de huelga, algo que también es constitucional”, añadió.
