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hace 4 horas
Una imputación a sindicalistas y a dirigentes y legisladores del FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) terminará siendo analizada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Esto se debe a que la 4a Cámara del Crimen aceptó un pedido de casación presentado por los abogados del FIT, y permitió así, que puedan llegar al máximo Tribunal a plantear la inconstitucionalidad de esas imputaciones.
Entre los manifestantes hoy imputados, hay además de sindicalistas y dirigentes partidarios, tres legisladores del FIT, Lautaro Giménez (PTS), Héctor Fresina y Víctor Da Vila (ambos del PO).
Todos fueron denunciados el pasado 6 de abril -día de paro nacional- luego de una marcha que se inició en la esquina de Colón y 9 de julio y que luego transitó por calles del centro mendocino.
Los organizadores de esa marcha (la CTA Autónoma y el FIT) fueron primero multados por la Municipalidad de Mendoza en $ 40 mil a cada uno. Pero luego llegaron acusaciones que rescató la Unidad Fiscal Correccional 33.
En aquel momento, la protesta fue duramente cuestionada por el Gobierno de Alfredo Cornejo. A tal punto fue así, que algunos funcionarios, como el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, marcaron la posibilidad de pedir los desafueros de los legisladores.
“Si la Justicia entiende que es necesario imputar a un legislador, el procedimiento está fijado en la Constitución y en la ley que se aplica. Por lo tanto si hace falta se pide el desafuero”, señaló el ministro político de Cornejo en esa oportunidad. Es cierto que nunca hubo un pedido formal de desafuero. De todos modos la respuesta inmediata de los militantes fue que el Ejecutivo “criminaliza las protestas”.
Un mes y medio después llegaron las imputaciones realizadas por la fiscal Gabriela García Cobos. Junto a los legisladores, la magistrada imputó también a la ex titular de ATE, Raquel Blas; al secretario general de la CTA Autónoma, Guillermo “Polo” Martínez Agüero, a Jonathan Neira, dirigente partidario y referente obrero y al asesor legal del PTS, Enrique Jasib.
Para defender a los involucrados, el FIT contrató a especialistas, los abogados de derechos humanos Pablo Salinas y Viviana Beigel.
Ellos fueron los que llevaron hace dos semanas el caso a la 4a Cámara del Crimen para pedir el recurso de casación y así llegar a la Corte.
Inconstitucionalidad
La estrategia de los defensores es pedir la inconstitucionalidad de las imputaciones porque se basan en el artículo 194 del Código Penal. "Ese artículo fue generado en la época de (Juan Carlos) Onganía porque -el ex presidente de facto- quería tener control político de las protestas", destacó Salinas.
A su criterio, el texto de ese apartado “no pasa un control constitucional ni mucho menos convencional”. Razón suficiente desde su punto de vista, para promover la nulidad de todo el proceso.
Entre los fundamentos que tiene el abogado para basar su pedido, está que en la marcha "sólo fueron imputados algunos participantes", cuando en realidad había varias decenas de personas.
De hecho, y según sus palabras, la fiscal García de Cobos ha dicho que llegado el caso, "se imputará a todos los participantes que se logre ubicar".
Los letrados entienden que ese criterio generaría dificultades en el futuro, si se llega a esa instancia. “No se podrá hacer ni la fiesta de la Vendimia”, resaltó Salinas.
Además, tanto el abogado como los dirigentes partidarios consideran que hay pasos irregulares en la investigación. “Se imputó a Neira cuando ni siquiera estaba en la marcha. Se usó una foto en la que supuestamente aparece él. Pero ni siquiera eso es cierto”, resaltaron.
Lo que dice el artículo 194
El artículo figura en el Capítulo II del Título VII del Código Penal: Delitos contra la seguridad pública.
Su texto dice: " El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".
Según Lautaro Giménez, "no se cortó nunca la calle. Se acordó con las autoridades el recorrido y ningún particular se sintió perjudicado". Y añadió: "Al único que no le gustó la protesta fue al Gobierno".
